El delegado territorial de la Junta, Guillermo García, insiste en que "la consejería de Economía está dando todos los pasos necesarios para que ningún municipio ni proyecto salga perjudicado dentro del Plan" del carbón.
Es más, ante la advertencia lanzada ayer por el ministro de Industria, José Manuel Soria, de que el Gobierno estima ya que “no tendrá obligación de abonar todas las obras impagadas” al Principado después de la sentencia ganada en la Audiencia Nacional, desde la Junta de Castilla y León la postura sigue siendo de "hacer cumplir con todo lo relativo al aprovechamiento de los fondos mineros".
La propia Junta de Castilla y León ha cuantificado en 59 los millones de euros adelantados por la Comunidad de los convenios Míner enmarcados en los distintos Planes del carbón. De ellos, 17 corresponden al de 1998-2005, y el resto al pasado 2006-2012.
El Principado optó por la vía Judicial para reclamar su parte, que se elevaba a 213 millones de euros.
Por otro lado, el delegado territorial no ha escondido su "preocupación" por las noticias de la central térmica de Compostilla II. "Estoy preocupado como lo estaría con cualquier empresa que pueda cerrar, y deseo que continúe con su actividad y con el mismo empleo".
De todos modos desconoce qué pasos dará la Junta para entablar contactos con la eléctrica y con el Gobierno para articular fórmulas que echen para atrás en el margen temporal que existe (hasta octubre del próximo año) el plan de cierre de la central de Cubillos, que ya cuenta con más de 90 millones de euros de provisionamiento para dicho desmantelamiento.