La Junta de Castilla y León primará en un 50 por ciento a la población en el reparto de los fondos de la financiación a los municipios grandes y “nadie va a perder nada”, ya que, además, se ha pactado con el PSCyL un suelo social por que que ninguna corporación recibirá menos dinero que en 2015. El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, avanzó esta tarde que así se recogerá en la orden que publicará su departamento en enero, una vez aprobada la ley de medidas, donde se incorpora un título sobre la participación de las entidades locales en los tributos propios y cedidos de la Comunidad.
Antes de participar en un acto del PP de Castilla y León para exponer el desarrollo de la ordenación territorial, la nueva financiación local y las medidas de apoyo a los municipios, De Santiago-Juárez detalló algunas novedades de la futura orden que regulará la financiación local, entre ellas que la variable sobre número de habitantes tendrá un peso del 50 por ciento, la misma que la relativa a las otras cuestiones (extensión, dispersión, envejecimiento o número de población a cargo de un municipio).
En este momento, el número de habitantes valora el 40 por ciento y el resto el 60 por ciento, pero ahora será a partes iguales en cada apartado, respaldado por la Federación Reginal de Municipios y Provincias, explicó el consejero, que aseguró que ninguna entidad local “va a perder nada” y resaltó que en el debate de enmiendas a la ley de medida se hayan recogido cuatro del Grupo Socialista en las que se fija un suelo, que es la cantidad que se reciba en 2015.
De Santiago-Juárez retó al Grupo Socialista a que diga, cuando se atribuye la paternidad de la ley de financiación local, en qué momento hablaron de que el texto contará con la participación de las entidades locales no sólo en los tributos propios, sino en los cedidos, que es la novedad del texto que se aprobará el miércoles en las Cortes.
Al respecto, manifestó que la participación de las entidades locales en los ingresos de la Comunidad es una reivindicación histórica de los municipios, no sólo de los socialistas, y recordó que el PP gobierna en más ayuntamientos que el PSOE. “Se eleva a rango de derecho algo que era graciable y se da estabilidad a los ingresos” locales a partir del 1 de enero, remarcó.
Por otro lado, anunció que su departamento está en disposición de remitir a las Cortes la ley que regule el Estatuto del Concejal, cuyas bases se presentaron hoy en la Federación Regional de Municipios y Provincias, si se mantiene el consenso con el PSCyL, como ha ocurrido en su elaboración, con la participación de tres ayuntamientos de cada signo político.
Así, avanzó que a mediados de enero convocará a los grupos Popular y Socialistas para presentarles el texto articulado de la ley y, si hay acuerdo, se remitirá a las Cortes antes de que termine ese mes, ya que considera que con consenso hay tiempo para su aprobación antes de que se disuelva la Cámara, pero si no lo hubiera, no sería posible.
En esa misma reunión, invitará de nuevo a la oposición socialista a avanzar en el segundo mapa de la ordenación territorial que hace referencia a las áreas funcionales rurales, una vez que se aprobó el de las áreas funcionales estables, donde se ordena el espació de los 13 municipios de más de 20.000 habitantes. “Soy optimista, nadie daba un duro por las áreas funcinales y se han aprobado”, afirmó.
Otro de los apartados de la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio que verá la luz en marzo es el decreto para regular el estatuto y cartera mínima de las mancomunidades de interés general o unión voluntaria de municipios, en las que se prestarán los servicios. De Santiago-Juárez defendió que es una muestra y apuesta de que el PP es un partido “radicalmente municipalista” y de que está en su “ADN” y arremetió contra quienes se definen así, mientras se decantan por crear nuevas estructuras administrativas a través de las comarcas.
De Santiago-Juárez remarcó que la ley aprobada para la aplicación de la 'ley Montoro' en la Comunidad es constitucional y aseguró que es imposible que no lo sea porque el plazo para recurrirla por parte del Gobierno se cerró el 30 de junio. “No hay marcha atrás”, añadió en referencia a quien pueda dudar de ello.
“Hay que explicar sin pudor y sin miedo por qué se han hecho las cosas”, afirmó De Santiago-Juárez, que recordó que en este momento, como manifestó el presidente de la Junta y del PP, están en la fase de explicación de los hecho en la legislatura, que será además la base del próximo programa electoral, y después llegará el momento de la elección de los candidatos.