"La respuesta a una empresa que quiera cerrar una central que es necesaria para el sistema debe ser negativa y si no se mantiene operativa y suministra energía cuando se demande, debe recurrirse a la expropiación”, dentro de las alegaciones que la Mesa de la Energía del Bierzo propone añadir de forma clara al Real Decreto que regulará el cierre de centrales térmicas de generación eléctrica. En el caso de El Bierzo, el cierre de Anallares por Fenosa y de Compostilla por Endesa, está encarrilado para 2020, en menos de 3 años.
Las alegaciones de la Mesa de la Energía del Bierzo al Real Decreto que regulará el cierre de instalaciones de generación eléctrica, redactadas según un “amplio consenso” de sus integrantes, según el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, reclaman al Ejecutivo central que impida la clausura de las centrales térmicas que se alimenten con carbón nacional y que garantice una cabida de la generación de las mismas en el mix energético en una media mínima de un cinco por ciento.
Su funcionamiento, según recoge el texto que será remitido al proceso de consulta abierto por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para recabar la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas, deberá estar convenientemente amparado y tener preferencia sobre las centrales nucleares, las alimentadas con carbón de importación y las que lo hacen con gas, que -subrayan- son más caras, con el mismo impacto en el cambio climático que las anteriores y de suministro más inseguro.
La Mesa de la Energía del Consejo Comarcal del Bierzo da respuesta a las dos preguntas que plantea el Ministerio: “¿Considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio?” y “¿Que procedimiento debería seguirse en el supuesto que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema?” y reclama al Gobierno que obligue “con urgencia” a las centrales ubicadas en zonas mineras a dotarse de mecanismos de desulfuración y desnitrificación para garantizar su funcionamiento más allá de 2020.
Si el titular de la central solicita el cierre, plantean, el Real decreto deberá garantizar el suministro y el modelo de sostenibilidad económica del sistema, exigiendo a sus propietarios mantenerlas y adaptarse a las normas medioambientales. “La respuesta a una empresa que quiera cerrar una central que es necesaria para el sistema debe ser negativa y si no se mantiene operativa y suministra energía cuando se demande, debe recurrirse a la expropiación”, proponen.
La norma que prepara el Ejecutivo y la que la Mesa alega también la necesidad de impulsar y revitalizar la Ciudad de la Energía, Ciuden, de Ponferrada tiene como finalidad, según explica en su página web, “establecer las medidas regulatorias que aseguren que las decisiones de cierre de centrales de generación eléctrica son coherentes con los instrumentos de planificación energética y, de esta manera, son compatibles con los objetivos en materia de seguridad del suministro, cambio climático y precio de la energía”.