La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Ponferrada, que como las del resto de ciudades españolas, de más 50.000 habitantes, tendría que estar activa al inicio el próximo 1 de enero de 2023, sin embargo, este no será el caso de la capital berciana.
La demora en "la concesión de las ayudas, en la ejecución de las obras y en los materiales para las mismas" son algunos de los motivos que ha esgrimido el concejal de urbanismo y sostenibilidad medioambiental, Pedro Fernández, para esta demora. Así, asegura que hasta que las obras no estén terminadas no comenzará a funcional la ZBE. "No hemos querido poner un cartel y ya, estamos haciendo obras importantes, que llevan tiempo, para que el efecto de esta zona sea real", explicaba Fernández.
Así, asegura que no "se puede adelantar una fecha" para la puesta en funcionamiento de la ZBE.
Las distintas actuaciones que se están llevando a cabo en la ciudad, como en Huertas del Sacramento, Antolín López Peláez, en la calle Navaliegos, calle Eladia Baylina, calle Real, se enmarcan dentro del proyecto "Ponferrada 4.0, aire limpio y calidad de vida", seleccionado por los Fondos Europeos, al que se le concedieron 2,4 millones y el Ayuntamiento pone casi 900.000. "-El proyecto- responde a hacer mejor la vida de un entono importante de la ciudad, más saludable. Las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener en 20213 una Zona de Bajas Emisiones y las restricciones en Ponferrada serán mínimas", explicó el alcalde de la ciudad, Olegario Ramón, durante la presentación de la peatonalización de la calle Real.
Sin embargo, según la futura instauración de la Zona de Bajas Emisiones de Ponferrada, afectará una parte importante del parque móvil de la ciudad. Un total del 39,6% de los vehículos de la capital del Bierzo se verán impactados, todos ellos sin etiqueta.
El caso de Ponferrada es el de la mayoría de ciudades de España y es que solo el 13% de las ciudades cumplirá su obligación de tener zonas de bajas emisiones antes de 2023, principalmente las que ya lo tenían, como Madrid y Barcelona.
La implantación de la Zona de Bajas Emisiones viene obligada por la legislación nacional y europea, que la hace extensiva y obligatoria a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, como es el caso de Ponferrada. La cantidad incluida en la ayuda del Gobierno con cargo a los fondos Next Generation se verá incrementada con la aportación del Ayuntamiento de Ponferrada, que asciende a 850.132,84 euros, por lo que la inversión se eleva a un total de 3,3 millones de euros en un plan que debe estar ejecutado antes de que concluya 2023. En ese sentido, los proyectos deben estar licitados antes de finales del mes de abril de este año y adjudicados en un 50% al menos antes de que concluya noviembre de 2022.