El pleno de las Cortes aprobó este miércoles, por unanimidad y en lectura única, el proyecto de ley que modifica la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León para homologar los cuerpos de prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales con los cuerpos de policía local, que afecta a 800 profesionales y supone un coste de 1,2 millones.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó el proyecto de ley que modifica la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León y explicó que el objetivo es homologar los cuerpos de prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales con los cuerpos de policía local.
Suárez-Quiñones, que detalló ante el pleno este cambio normativo y agradeció el apoyo de los grupos, explicó que tendrá un plazo de dos años para que las entidades locales completen la homologación y recordó que el 90 por ciento de los afectados pertenece a la escala más baja.
David Castaño (Ciudadanos) lamentó que el consejero deje como “asignatura pendiente” una ley del fuego, que “no ha querido tocar, y ese es su suspenso”. Carlos Chávez (Podemos) consideró que la norma es insuficiente porque no va a paliar el modelo actual de bomberos, para lo que pidió un cuerpo público.
En nombre del Grupo Socialista, José Luis Aceves criticó que este cambio llega con un retraso de once años en la aplicación de la ley, añadió que a este ritmo se tardarían 90 años en completar la norma y reclamó ayudas de la Junta para sus mejoras así como un estatuto del bombero profesional.
Por último, la procuradora del PP Isabel Blanco defendió la implicación de su grupo con el cuerpo afectado, manifestó que corresponde a la Junta la regulación sin interferir en las competencias locales y calificó de “importante y necesaria” la nueva norma.
El proyecto de ley que modifica la ley de Protección Ciudadana de Castilla y León tiene como objetivo integrar los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en la escala de administración especial de las entidades locales, subescala servicios especiales, con la especificación de la titulación académica requerida para el nuevo grupo.
La Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León establece que la Junta debe adoptar las medidas necesarias para fomentar que los cuerpos de prevención, extinción de incendios y de salvamento homologaran sus condiciones profesionales y retributivas con otros cuerpos integrantes del sistema de protección ciudadana.
Para evaluar el coste derivado de la homologación se creó un Observatorio, compuesto por dos representantes de la administración autonómica, dos de la Federación Regional de Municipios y Provincias y otros dos representantes de las centrales sindicales más representativas.
Este órgano estimó un coste de 1,2 millones y concluyó que la homologación demandada debería efectuarse mediante la regulación de los grupos de clasificación profesional de estos servicios, en términos homogéneos a los de la policía local, y debería hacerse con rango de ley, según establece el Estatuto Básico del Empleado Público.