El pleno de las Cortes dio luz verde, con el respaldo de los grupos Popular y Ciudadanos, a la modificación de la Ley de Urbanismo con la que se pretende promover una mejor compatibilidad de la protección urbanística del suelo de carácter rústico en relación al desarrollo de las actividades extractivas, y que permitirá la instalación en suelos rústicos de proyectos de minería no energética. La Cámara rechazó las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista pero sí admitió las presentadas por la formación naranja.
La procuradora del Grupo Parlamentario Popular, Isabel Blanco, recordó el “gran potencial” de recursos minerales con que cuenta Castilla y León, tanto por extensión como por diversidad, y que resulta “esencial” para la economía de Castilla y León, por lo que el deseo es adaptarse a “los nuevos tiempos, necesidades y realidades” que han llevado a estimar la necesidad de modificación de la norma dado que la regulación “no es suficiente”.
Blanco cifró en 483 las explotaciones activas existentes en Castilla y León, que generan un volumen económico de 376 millones de euros. El 21 por ciento corresponde a rocas ornamentales, además de que el 73 por ciento de la industria europea depende de la extracción de recursos de carácter natural. Blanco incidió en que lo que se pretende es “hacer compatible” el medio ambiente con el desarrollo del mundo rural y la creación de empleo.
Según la modificación de la norma, podrán autorizarse en suelo rústico también las actividades extractivas de rocas y minerales industriales, minería metálica, rocas ornamentales y productos de cantera, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a ellas, además del sector de aguas minerales y termales. Por su parte, el resto de actividades mineras, en especial aquellas relacionadas con la minería energética, serán prohibidas en suelos rústicos con protección.
El Grupo Socialista presentó dos enmiendas, que fueron rechazadas. El procurador José Luis Aceves aclaró que los socialistas no están en contra de la minería pero “cuando se hace de forma sostenible”, y defendió que la aprobación de esta modificación supone “una gran chapuza” porque la minería es necesaria pero “no a cualquier precio ni en cualquier lugar”, aseveró.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó tres enmiendas parciales, que tuvieron el visto bueno, como la existencia de una distancia mínima a los núcleos urbanos, la clarificación entre lo energético y no energético y que se deja fuera de la modificación de la ley a los parques naturales y regionales “que abarcan una gran extensión de la Comunidad”.
Posturas contrarias
Además del Grupo Socialista, también Podemos e IU votaron en contra de la modificación de esta ley. Según el portavoz de IU, José Sarrión, la norma es “completamente contraria a la razón, el sentido común y la lógica” y denunció la “hipocresía que domina esta Cámara”. Por ello, Sarrión avanzó que su intención pasa por exigir que cualquiera que sea el Gobierno de Castilla y León que salga de las urnas el próximo 26 de mayo elimine esta Proposición de Ley si quiere contar con el respaldo de IU en la investidura.
Por parte de Podemos, Carlos Chávez, estimó que las minas de áridos suponen “una actividad capital” que no se puede dirimir en el tiempo y que se ha llevado a cabo “sin tiempo de exposición pública y sin dar la oportunidad a los grupos parlamentarios de incluir sus enmiendas”. Para Chávez, esta norma, al contrario de lo que dicen los 'populares' que persigue, puede llevar a la despoblación cuando se permite una actividad “de forma más relajada” y “con poca seguridad jurídica para empresas y ciudadanos”. Por ello, el procurador de la formación morada consideró que se trata de “la segunda chapuza del día” -después de que la ley para blindar la caza siga adelante en las Cortes-, y lamentó que se haya llevado a cabo “con rapidez y por motivos electoralistas”.