El estudio analiza los 1.559 ayuntamientos que rindieron cuentas, de los que el 60,6% no cerró sus presupuestos en plazo. El porcentaje para los cinco analizados de más de 50.000 habitantes y el mismo número de entre 20.000 y 50.000 se sitúa en el 80% (cuatro incumplen) y 100% (cinco) de incumplimientos, respectivamente.
El dato para los 30 ayuntamientos de entre 5.001 a 20.000 habitantes analizados baja al 60% (18 incumplen); de los 144 con entre 1.000 a 5.000, se sitúa en el 71,5% (103); y para los 1.375 menores de 1.000 habitantes, en el 59,2% (814).
El documento concluye que la mayoría de las entidades locales de Castilla y León incurre en un incumplimiento de los plazos de aprobación de su presupuesto. En datos globales, en un 61,8% de los casos el presupuesto del ejercicio 2019 se aprobó con posterioridad al 31 de diciembre de 2018, y solo el 38,2% lo hizo dentro de plazo, lo que implica, además, que “la gran mayoría de las entidades locales comenzaron el ejercicio 2019 con el presupuesto prorrogado”.
Esta situación de incumplimiento generalizado de los plazos de aprobación del presupuesto, afecta a todos los grupos de entidades, si bien, de forma más acentuada a las entidades locales menores, entre las cuales, 65,2%, el 65,3%, incurrieron en este tipo de incumplimiento. En el caso de las diputaciones, de las seis que rindieron, cuatro cumplieron el plazo legal en la aprobación del presupuesto, mientras que las dos restantes, no lo hicieron.
El informe emitido por el Consejo de Cuentas de Castilla y León deja constancia de que los Ayuntamientos de Ponferrada, Bembibre y Cacabelos no habían rendido sus cuentas del ejercicio de 2019, a fecha de 21 de enero de 2021.
En el caso del Ayuntamiento de Ponferrada, rindió su cuenta general el 27 de enero de 2021, "fuera del plazo legal de rendición", apunta el informe. En el caso de Cacabelos, apunta el informe que acumula cinco ejercicios pendientes de rendición entre 2014 y 2019.
Situación agravada
La situación se agrava en algunos casos, en los que no solo se infringen los plazos legales, sino que las fechas de aprobación que consignan, superan incluso al ejercicio natural al que corresponde el presupuesto, situación que se registra para 33 ayuntamientos y 23 entidades locales menores, que informaron haber aprobado sus presupuestos de 2019 durante 2020.
Liquidación
La tramitación seguida en la aprobación de la liquidación del presupuesto, presenta unos resultados “significativamente mejores”, ya que solo el 17% de los ayuntamientos incumplió el plazo previsto. “A nivel municipal, de los 265 ayuntamientos que incurren en dicha infracción, la gran mayoría (218 ayuntamientos), pertenece al tramo de municipios menores de 1.000 habitantes”, explica el Consejo de Cuentas.
En su conjunto, el 77,6% de las entidades locales de la Comunidad, aprobó la liquidación en plazo, frente al 22,3% que lo hizo fuera de calendario. Por tipo de entidad, destacan también los niveles de incumplimiento en esta fase de las entidades locales mejores, que afectan a 32,1%, el 32,2%. Las diputaciones alcanzan un índice de cumplimiento del plazo de aprobación del 100%.
Este mayor grado de cumplimiento, que se produce en la aprobación de la liquidación, con respecto a la del presupuesto, “probablemente guarde relación con las medidas coercitivas” que contempla la Ley de Economía Sostenible contra aquellas entidades locales que incumplan, ya que se les retiene el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado, hasta que se produzca la regularización de la citada remisión.
Cuenta general
Por otra parte, las entidades que rindieron ante el Consejo de Cuentas en un porcentaje relativamente alto formaron y aprobaron la cuenta general en plazo, 69,7% y 66,4%, respectivamente, pero aún hay un número “muy significativo” que lo hizo fuera de plazo, el 30,3% y el 33,6%, en cada caso.
Por tipo de entidad, destacan los niveles de incumplimiento en los plazos relativos a las fases de formación y aprobación de la cuenta general, presentados por las diputaciones, que alcanzan el 50% en ambos casos.
En cuanto a los ayuntamientos, cuyas ratios de incumplimiento a nivel global, se sitúan entre el 26,1% en la formación y el 30% en la aprobación de la cuenta general, destaca la situación de los Consistorios de mayor tamaño, por encima de 20.000 habitantes, con niveles de incumplimiento en las fases de formación (del 60% de 20.001 a 50.000 habitantes y del 80% para mayores de 50.000 habitantes) y aprobación más elevados que los pequeños.
Las entidades locales menores también presentan índices de incumplimiento significativos en las fases de formación y aprobación de la cuenta general, el 36,5% y 37%, respectivamente.
Rendición
El sector público local de Castilla y León está integrado por 4.747 entidades locales y 181 entes dependientes. A fecha de 21 de enero de 2021 (plazo de rendición ampliado por la normativa especial dictada en el marco de la pandemia COVID-19) 2.705 entidades locales rindieron la cuenta general del ejercicio 2019, que representan el 57% del total.
En relación al ejercicio 2018, se produce una disminución de la rendición en plazo de 1,5 puntos porcentuales. Atendiendo al tipo de entidad, el mejor nivel de rendición corresponde a los ayuntamientos, con el 69%, que experimenta un incremento de 3,6 puntos porcentuales. Aumenta en todas las provincias, con la única excepción de León. El aumento más significativo se registra en Zamora, con 13 puntos, destacando también el aumento de la rendición en plazo de Burgos, Soria y Valladolid.
Revisión de las cuentas
Entre las 868 cuentas del ejercicio 2019 que fueron objeto de revisión, inicialmente solo 225 se presentaron completas y sin incidencias, y las 643 restantes contenían incidencias de diversa índole, que fueron comunicadas a las entidades locales. Tras el proceso de subsanación de incidencias por las entidades correspondientes, el total de cuentas sin incidencias pasó a ser de 268, esto es, el 31% de las revisadas. En cuanto a la naturaleza de las incidencias, un 41% son de carácter formal y están relacionadas con el incumplimiento de plazos o trámites del ciclo presupuestario y contable, y el resto definidas como sustanciales, tienen que ver con la coherencia de la información (38%) e integridad de la misma (21%).