De esta forma, y tal y como informan a Ical los letrados de la Administración de Justicia en un comunicado, se desconvoca la huelga que comenzó el pasado 24 de enero y que mantuvo paralizados tribunales y juzgados del país.
Según refieren, los paros indefinidos han supuesto la suspensión de 400.000 juicios y vistas, la acumulación de 480.000 demandas pendientes de llegar a los juzgados y 1.500 millones de euros retenidos en exceso en las cuentas de consignaciones “por el retraso en la solución de la huelga por parte del Ministerio de Justicia”. Estos números, en palabras de las asociaciones convocantes de la huelga, “podrían haberse evitado si la negociación se hubiera iniciado a tiempo”.
Desde el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ); la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) quisieron mostrar su “más sincero agradecimiento” a todos los letrados de la Administración de Justicia por “su esfuerzo, colaboración y demostración de unión en pro de la dignificación” del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia.
El pasado 3 de marzo, este medio publicaba la relación de actuaciones judiciales que se han tenido que suspender con motivo de la huelga de Letrados de la Administración de Justicia en el Partido Judicial de Ponferrada durante el primer mes de huelga que se suspendieron:
- Treinta y nueve juicios penales. Sólo se ha celebrado una causa con preso
- 92 juicios por delitos leves
- 254 juicios civiles
- 153 juicios de ámbito laboral y 65 conciliaciones
- Más de 280 declaraciones de investigado y diligencias de instrucción
- 48 videoconferencias con otros partidos judiciales
- 680 actos de comunicación sin realizar y 35 lanzamientos de ejecuciones hipotecarias o desahucios
- 625 demandas civiles sin repartir
- 375 demandas laborales sin repartir
- Más de 1.200 escritos de trámite sin aceptar
- Cerca de quinientos poderes sin realizar
- Cerca de tres mil mandamientos de pago (cantidades a beneficiarios, multas…) sin expedir. Dos millones cuatrocientos mil euros de Cuentas Judiciales sin que se realicen movimiento alguno.