Martínez, que tomará posesión efectiva del cargo previsiblemente el próximo mes de marzo, calcula que la concentración parcelaria llega en la actualidad a la mitad del territorio que comprende el Canal Bajo, al tiempo que cita entre las zonas pendientes varias pedanías del municipio de Ponferrada. También asume como reto el de persuadir a los comuneros de las bondades de una modernización que genera recelos en el propio seno del colectivo. "Hay que trabajar en eso internamente", reconoce.
Con el antiguo proyecto ya descartado por desacuerdo entre regantes y Ayuntamientos (con una subvención que llegaba hasta el 80% de una inversión presupuestada en 27 millones de euros), el Canal Bajo podría ahora aspirar a entrar en el mapa de regadíos que elabora el Gobierno autonómico, que tiene previsto presentarlo de forma inminente en León. "Va a haber dotación de fondos europeos, pero el planteamiento va a ser muy restrictivo. Y las zonas que no tengan hecha la concentración van a quedar relegadas", insistió el presidente electo.
Una de las novedades con respecto al anterior período de ayudas es la posibilidad de abordar la modernización de forma parcial en una parte del territorio. "Los pueblos que no quieran no están obligados a admitirla", señaló el presidente en funciones, Vicente Merayo, también presente en el encuentro en Valladolid, al advertir de que la nueva normativa obliga a establecer un riego localizado con contador, uno de los factores que echaría para atrás a determinadas localidades.
Según los cálculos de la Junta, los regantes tendrían que financiar el 24% de la inversión total durante los primeros 25 años y el 26% durante otros 25 años siguientes, por lo que cada uno tocaría a 155 euros por hectárea y año, aproximadamente. "Y es un dinero muy importante", reconoció Merayo, para quien zonas ya concentradas como Narayola, Carracedelo, Carracedo del Monasterio y parte de Dehesas sí podrían optar a la modernización.