Este paro, según anunciaron este jueves representantes de CCOO, UGT, Sindicato Libre y CSIF de Correos Valladolid, es el inicio de una campaña de movilizaciones que se acentuará en los últimos dos meses del año, con nuevas concentraciones y con tres jornadas de huelgas, una prevista para la segunda quincena de noviembre y otras dos durante la campaña de Navidad.
El representante de Comisiones Obreras Benito Gómez, denunció que en la última década se han perdido 15.000 en la empresa, de los que unos 750 corresponden a Castilla y León, y criticó que en la actualidad el 35 por ciento de la plantilla tiene contratos eventuales y el 22 por ciento a tiempo parcial.
Benito Gómez aseveró que el Gobierno “toma el pelo a Correos” y denunció que mientras empresas con capital público como La Poste (Francia) cada vez tiene más peso en el mercado internacional de la paquetería, el Gobierno español se dedica a “arrinconar” a Correos y se niega a elaborar un plan estratégico para avanzar en el mercado de la paquetería. “A estas alturas no es de recibo que el 80 por ciento del negocio de Correos todavía depende de las cartas.
Gómez también argumentó que sus reivindicaciones van más allá del aspecto laboral, dado que servicio postal es un servicio público y un derecho social que, en el caso de mantenerse la senda de los recortes, se perderá en el medio rural, “ya que ninguna empresa privada está dispuesta a prestar ningún servicios en zonas en las que no obtenga beneficios”.
Además, criticó que los sucesivos recortes presupuestarios y de personal está provocando un claro deterioro de la calidad del servicio que se pone de manifiesto con el cierre de oficinas y con una sobrecarga de trabajo del personal que provoca un notable incremento de las bajas.
Por su parte, desde UGT, Rosa González también criticó la negativa de la dirección de la empresa a negociar un nuevo convenio colectivo que acabe con la congelación salarial de los últimos años y que sirva para “reconquistar” los derechos perdidos durante la crisis
Además, advirtió que desde la dirección de la empresa también se esta estudiando la posibilidad de reducir el reparto a tres días a la semana, medida que podría suponer la pérdida de 1.500 empleos a nivel nacional, de los que unos 350 podría corresponder a Castilla y León.