Las Cortes de Castilla y León tomaron este miércoles en consideración la proposición de ley del Grupo Popular para reformar la normativa autonómica de Urbanismo, aprobada en 2010, para incentivar la actividad extractiva de la minería no energética en suelo rústico. La propuesta prosperó con los votos del Grupo Popular y la abstención de Ciudadanos, y fue rechazada por el resto de la oposición.
Esta modificación de la Ley de Urbanismo podría suponer la apertura de dos minas subterráneas en El Bierzo que crearían 230 empleos. La primera de ellas es una mina de plomo y zinc que crearía 150 puestos de trabajo en terrenos de Toral de los Vados y Borrenes y la segunda, otra explotación subterránea de hierro en Molinaseca, que supondría 80 empleos.
El 'popular' Salvador Cruz defendió la necesidad de modificar dos artículos de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, sobre la categoría del suelo rústico, para que se puedan llevar a cabo actividades extractiva de rocas y minerales industriales, minería metálica, rocas ornamentales, productos de cantera, sus construcciones, y las aguas terminales. Si bien remarcó que sea “autorizable”, no indica que sea “autorizada”.
El debate arrancó con la lectura del acuerdo de la Junta en el que manifiesta su criterio favorable a la toma en consideración y conformidad a la tramitación de la proposición de ley, que siguieron desde la tribuna de invitados miembros de la Asociacion de Áridos de Castilla y León.
El proponente 'popular' remarcó que esta modificación normativa busca fomentar la actividad extractiva en la Comunidad, que destacó enorme potencial por su extensión y diversidad geológica, para generar actividad económica y empleo estable especialmente, en el medio rural. Todo ello, recordó, ayudará a fijar población y destacó que las directivas europeas plantean criterios similares.
Además, Cruz recordó que otras comunidades limítrofes han aprobado reformas legislativas similares, sin diferenciar la minería energética. Insistió en que esta iniciativa busca aprovechar los recursos endógenos, que recalcó no son deslocalizables. Solo 0,1 por ciento de la superficie de la Comunidad ha estado vinculado a la actividad extractiva, dijo, por lo que llamó a la responsabilidad de los grupos para que acepten la toma en consideración de la proposición de ley.
El parlamentario de Ciudadanos David Castaño anunció enmiendas para mejorar la modificación legal para que se recoja que la actividad no pueda ser “energética” de forma explícita y sea compatible con el medio natural. Tambén, advirtió de que corre el riesgo de ser recurrida por el Estado y reconoció que muchos ayuntamientos clasifican su municipio con algún tipo de categoría de suelo rústico, lo que perjudica el desarrollo de la Comunidad y el aprovechamiento de recursos endógenos.
Insistió en que estudiar la posibilidad de iniciar una explotación no debería generar “rechazo” y aseguró que no les da “miedo” la actividad minera, sino que no se cumplan las leyes o que éstas sean “ambiguas”.
Rechazo
El parlamentario del Grupo Socialista José Luis Aceves rechazó la propuesta, que a su juicio introduce cambios “profundos” y de “calado”, y aseguró que el PP denota que empieza a actuar como “oposición”, al demostrar que no confían en los servicios de la Junta y de los municipios. “Al final cada uno hace la guerra por su cuenta”, afirmó sobre la posibilidad de “cuitas internas”.
Aceves reclamó una reforma “serena” e insistió en que debe primar el interés general y la participación pública, por lo que exigió un decreto o un proyecto de ley. A su juicio, el Grupo Popular trata de saltarse el informe del Consejo de Urbanismo, los ayuntamientos, las consejerías, los servicios jurídicos de la Junta, el Consejo Consultivo o el Consejo Económico y Social (CES). “Roza la invasión de competencias”, dijo y añadió que con esta proposición se abre un horizonte poco “halagüeño”, puesto que utiliza un “subterfugio legal”, para desbloquear proyectos “especulativos”.
El procurador de Podemos Carlos Chávez incidió en que esta reforma puede ser recurrida y añadió que podría vulnerar la Constitución. También destacó que se retrotrae a la etapa anterior de la Ley de Urbanismo de la Comunidad y consideró que podría volverse en contra del medio rural y de lo municipios, porque no podrá decidir si quieren albergar explotaciones extractivas.
Chávez señaló que a su juicio para aprobar esta modificación se debe contar con un consenso que aseguró ahora no existe. Además, recalcó que la ley permite ya la actividad extractiva y criticó que el PP pretenda quitarle “voz y voto” a los municipios, eliminando el paso previo que prevé la norma.
Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión (IU-Equo), insistió en que la finalidad es favorecer los proyectos mineros de la Comunidad, lo que supone dijo “socavar” la autonomía municipal. A su juicio, el PP no tiene un plan para la Comunidad, basado en la industria, sino que apuesta por la absorción de residuos, el establecimiento de macrogranjas de tipo porcino y explotaciones mineras.
“Creemos que tiene que haber un sistema minero en todos los países”, dijo, pero recalcó que debe someterse a la legislación existente. Además, censuró que los controles democráticos se interpreten por el PP como “trabas”. También criticó que para dar salida a tres proyectos se opere una modificación normativa y que se haga elegir a los ciudadanos entre empleo y medio ambiente.
El representante de la UPL, Luis Mariano Santos, se mostró a favor de la actividad minero, pero señaló que la reforma va contra la autonomía municipal y provincial. “Porque soy responsable y porque tengo muchas dudas, voy a votar en contra”, dijo.
Finalmente, el 'popular' Salvador Cruz insistió en que existen “multitud” de proyectos que se han quedado en el “tintero” y que podría generar actividad y empleo, desde el respeto al medio ambiente.