El pleno celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Ponferrada ha aprobado la autorización del acuerdo puntual entre la mercantil FCC (encargada del servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos, mantenimiento y conservación de zonas verdes) y los trabajadores para el nuevo convenio laboral de la plantilla. a La votación contó con la aprobación de todos los partidos excepto el PSOE y USE, que se abstuvieron.
Aunque las cifras todavía no están claras, tal como ha señalado el portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, se estima en 250.000 euros anuales resultantes para, que según afirmó la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, se incluirá en los presupuestos de Ponferrada 2017, que se encuentran a la espera de aprobación.
El representante del Partido Socialista, Olegario Ramón, se ha mostrado crítico y se ha abstenido en la votación, incidiendo en que este acuerdo es puntual y que sólo tendrá vigencia hasta que se readjudique de nuevo el servicio después de que el TSJ anulara este llamado 'macrocontrato' rubricado en 2014, por detectar defectos de forma aceptando el recurso de la empresa Urbaser, que también había concurrido al concurso público.
Por su parte, Tarsicio Carballo, portavoz del PRB ha afirmado que esto ya"urge" y está dejando en mal lugar a la imagen del consistorio. "La historia de FCC parece el cuento de nunca acabar, lo que debería hacerse es convocar un nuevo concurso y adjudicar ya el servicio como dios manda", ha señalado.
La aprobación de este punto, como han justificado la mayoría de grupos es para "recuperar los derechos de los trabajadores", tal como indicó el representante de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández. "Si hemos votado la liquidación del contrato es porque tenemos la responsabilidad de cumplir con los trabajadores para devolverles lo que han perdido". En la misma línea, Fernández apuntó la idea de municipalizar el servicio, ya que así podría ofrecerse con "mejores condiciones".
Cabe recordar que este contrato realizado en el mandato anterior -por el bipartito- se cerró por un periodo de 17 años (más tres prorrogables) a razón de 5,8 millones de euros cada uno de ellos, lo que lo convertía en uno de los más importantes del Ayuntamiento. En junio de 2016 el TSJ estimó las alegaciones presentadas por la empresa Urbaser e instó al Ayuntamiento a corregir las puntuaciones técnicas y económicas a las que se acogió para adjudicar el servicio a FCC. Urbaser, que había presentado una oferta más ventajosa desde el punto de vista económico, había apelado en su recurso a que la mesa de contratación había revocado “de un modo injustificado e improcedente” la puntuación que el comité de expertos constituido al efecto le había concedido, algo que la empresa tachó de “actuación de arbitrariedad administrativa” y el TSJ calificó de “trato desigual no justificado debidamente”.
En medio de este clima de readjudicación del contrato -aún pendiente- los trabajadores estuvieron cerca de convocar una huelga porque su convenio laboral expira a final de año. Finalmente lograron un preacuerdo del nuevo convenio con FCC, que aún presta el servicio por imperativo legal, y este viernes el pleno ha dado su visto bueno a avalar dicho convenio. En todo caso el PSOE fue muy preciso al indicar que tendrá amparo para la plantilla hasta que la nueva concesionaria entre oficialmente a prestar el servicio.