Fernández Merayo intervino al final de la sesión extraordinaria para hacer relato del papel de su grupo político a la hora de afrontar un "problema heredado" del Ejecutivo de Samuel Folgueral. La alcaldesa detalló las medidas tomadas tras el traslado a mediados de 2016 de la anulación de la adjudicación del 'macrocontrato' a razón de prácticamente una al mes salvo un "parón" entre la primera resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León y la sentencia del TSJ. "Quiero aclarar al pueblo de Ponferrada que no hemos estado inactivos", señaló para así rebatir las recurrentes acusaciones de falta de celeridad en la resolución de este asunto, al que se da carpetazo desde el punto de vista político con la aprobación de la propuesta de la Mesa de Contratación dictaminada favorablemente la pasada semana por la Comisión Informativa de Medio Ambiente.
"Hemos intentado hacer lo mejor que hemos sabido en beneficio de Ponferrada", afirmó la regidora tras reconocer que su apuesta pasaba por renunciar a un contrato que calificó como "malo" tanto por su duración como por "juntar servicios que no debieron juntarse" ("y hoy ni la ciudad ni el personal están bien", apostilló sin dejar de aludir a las dos huelgas de basuras convocadas). "Pero no vale sólo la voluntad política; tenemos que tener informes favorables de tres técnicos, y no los tenemos", dijo para responder al portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández, que llegó a proponer sin éxito votar en la propia sesión el modelo de gestión al insistir en su preferencia por la municipalización de estos servicios.
El Pleno rechazó la propuesta del PRB de dejar desierto el contrato
El Pleno se pronunció tras el debate sobre el voto particular del portavoz del PRB, Tarsicio Carballo, quien se opuso a la readjudicación y propuso dejar desierto un contrato que catalogó como "viciado" al advertir de que la ciudad estaba "sucia" y la duración contravendría la nueva Ley de Contratos. También alertó de que oferta de Urbaser adolecía de supuestas irregularidades (habló de hasta 20 "grandes fallos" dictaminados por el Comité de Expertos) como carencias en la programación de la limpieza y la recogida en distintas zonas, así como introducir las mejoras económicas en el sobre de la oferta, algo que podría "predisponer" a los encargados de la concesión. Carballo fue el único concejal en respaldar su propuesta, cuestionada por el portavoz de Coalición por El Bierzo, Pedro Muñoz, hasta el punto de no emitir voto tras asegurar que en la Comisión Informativa el PRB habló de desistir o renunciar, pero no de dejar desierto el contrato.
"Pasó el tiempo y no se dio una solución. Y ahora, a prisa y corriendo, vamos a dar solución a algo que no la tiene", señaló como primera premisa el portavoz de PeC antes de reconocer que en su día "se hizo mal la concesión del servicio". "No caigamos otra vez en seguir haciéndolo mal. Vótese el modo de prestación del servicio", añadió para subrayar que en este caso hay "tres perjudicados": los trabajadores, los ciudadanos y el Ayuntamiento. El portavoz de CpB añadió un matiz al considerar que con esta solución el Consistorio "perjudica a las dos empresas": a FCC por quitarle la concesión y a Urbaser por "pasar de pleitear contra una empresa a pleitear" contra el Ayuntamiento. "Es delictivo contravenir una resolución judicial", sentenció Muñoz antes de justificar la abstención de su grupo con este argumento: "No vamos a añadir un nudo más a este problema. Pero tampoco vamos a ser cómplices de este caos".
La portavoz de Ciudadanos, Rosa Luna, empezó su intervención reconociendo que la readjudicación del contrato "es una vez más una herencia y una patata muy caliente" procedente del mandato anterior. Luna se preguntó por qué ahora hay "contradicciones" en los informes cuando no las hubo en el momento de la primera concesión del 'macrocontrato' en el año 2014 antes de dejar sentado que "se tenía que haber cumplido la sentencia hace tiempo". Sólo hizo uso de su primer turno de intervención el portavoz de USE (Unidad Social de Electores) Bierzo y alcalde en el momento de la adjudicación a FCC, Samuel Folgueral, quien justificó su abstención en las "vicisitudes" surgidas en todo el proceso, incluso después de la propuesta de la Mesa de Contratación en marzo de 2017. "Seguimos nadando en un mar de dudas. Y este grupo no lo tiene claro", zanjó.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Olegario Ramón, afeó a la alcaldesa que llevara a Pleno "soluciones de última hora" cuando "ha habido mucho tiempo para justificar la decisión". "Muy probablemente se haya desentendido de unos pronunciamientos judiciales que han sido contundentes", dijo tras aclarar que "la propuesta de la Mesa de Contratación no es vinculante para el Pleno". Ramón citó "informes de los técnicos que entienden no razones para renunciar al contrato", así como "evidentes contradicciones entre informes de la casa y los informes externos", a la vez que se preguntó por qué la regidora habló en febrero de este mismo año de separar del contrato el servicio de mantenimiento de zonas verdes. Tras avisar de que la ciudad "seguirá estando sucia", continuarán las "tensiones con el personal" y se volverán a poner sobre la mesa cuestiones de financiación del servicio, el socialista auguró: "La solución al final nos la va a dar un juez o un magistrado".
"La ciudad no merece este contrato", señaló el portavoz del PP, Ricardo Miranda, para remarcar su apuesta por la renuncia tras recordar que ya en mayo de 2015 (todavía con el bipartito al frente del Ayuntamiento) llegaron los primeros problemas ante las reclamaciones de la empresa. "Sólo tenemos una solución; adjudicárselo a Urbaser", concluyó el popular antes de la intervención de la regidora y las votaciones que ponen el punto final, por ahora, al recorrido político del 'macrocontrato' sin obviar que pronto podrían activarse sus derivadas judiciales.