Ponferrada declara desierto el 'macrocontrato' e inicia el expediente para determinar cómo se prestará el servicio de limpieza viaria y zonas verdes

El equipo de Gobierno aboga por municipalizar el servicio y dividirlo en dos partes: limpieza viaria y recogida de basuras por un lado y mantenimiento de zonas verdes por otro

27 de Noviembre de 2018
Actualizado: 30 de Noviembre de 2018 a las 11:13
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Pleno extraordinario Ayto Ponferrada 2018 635_3
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Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Ponferrada / Mario de la Torre

El pleno extraordinario celebrado este lunes en el Ayuntamiento Ponferrada ha declarado desierto el contrato de gestión de los servicios de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos y mantenimiento de parques y jardines, conocido como 'macrocontrato'. Este punto salió adelante con los votos a favor del PP , Ponferrada en Común (PeC) y Partido Regionalista del Bierzo (PRB) y la abstención de Coalición por el Bierzo (CpB), PSOE, USE Bierzo y Ciudadanos.

De igual forma, en el pleno se ha aprobado con los votos del PP, CpB, C's y PeC el inicio del expediente para determinar como se prestará este servicio. Tal como ha explicado la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, "este es el paso legal que hay que dar una vez declarado desierto el contrato. Las dos opciones que tenemos ahora son realizar la concesión, que sería muy difícil por la nueva Ley de Contratos, o la gestión directa por la que hemos abogado por ser la más acertada a nuestro juicio, separando el servicio de limpieza y basuras y el de mantenimiento de zonas verdes,". "Ahora iniciamos el expediente pero todo esto deberá avalarse por informes técnicos y una vez que tengamos la mejor forma lo volveremos a traer a pleno", ha añadido Merayo. 

Estas decisiones vienen motivadas por el anterior pleno celebrado hace menos de tres semanas, cuando dieron cumplimiento a la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcyl) eliminando la adjudicación del contrato a Urbaser. El macrocontrato se le había adjudicado a esta empresa en julio tras la anulación del contrato a FCC -que prestaba el servicio desde 2014, cuando gobernaba el bipartito- por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.