Sobreseída la denuncia contra la junta vecinal de Quilós (Cacabelos) por malversación

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis de Ponferrada ha dictado el sobreseimiento de la denuncia por malversación interpuesta contra las integrantes de la junta vecinal de Quilós en el mandato 2015-2019

16 de Abril de 2024
Actualizado: 16 de Abril de 2024 a las 11:39
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Sobreseída la denuncia contra la junta vecinal de Quilós (Cacabelos) por malversación
Sobreseída la denuncia contra la junta vecinal de Quilós (Cacabelos) por malversación

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis de Ponferrada ha dictado el sobreseimiento de la denuncia por malversación interpuesta contra las integrantes de la junta vecinal de Quilós en el mandato 2015-2019, Claudia Vega, María Jesús Martínez y Jana Iglesias, “al no resultar debidamente justificada la existencia de infracción penal alguna”.

Con esta sentencia emitida el pasado 9 de enero de 2024 se puso fin al procedimiento penal iniciado por el portavoz del Partido Popular de Cacabelos, Adolfo Canedo, contra Vega, Martínez e Iglesias (alcaldesa pedánea, secretaria y tesorera, respectivamente, de la junta vecinal de Quilós en los años citados), en la que las acusaba de posibles delitos de “administración desleal, falsedad documental y malversación de caudales públicos”.

Sobreseída la denuncia contra la junta vecinal de Quilós (Cacabelos) por malversación
Juzgados de Ponferrada

 

Adolfo Canedo esgrimió en su denuncia “presuntas irregularidades administrativas relativas a la liquidación de las cuentas de la junta vecinal de Quilós del ejercicio 2018” pero, tras las diligencias instructoras practicadas por el Juzgado, se dictó el sobreseimiento de la causa al no encontrarse justificada “la perpetración de hechos constitutivos de infracción penal alguna”.

En dicha resolución, también se añade que “la denuncia se basaba en las valoraciones y consideraciones” del denunciante, “sin que conste la existencia de informes negativos por parte del Consejo de Cuentas de Castilla y León, ni de ningún otro organismo que ponga de manifiesto la existencia de indicios de la comisión de los hechos delictivos denunciados”.

 

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