Los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León dejarán de hacer guardias de incendios a partir del 12 de octubre y plantean otras medidas y movilizaciones, que podrían llevar, incluso, a jornadas de huelga ante la “dejadez” de la Administración autonómica con el colectivo que reclama una reestructuración del cuerpo, con el paso al Grupo B. También, demandan un nuevo decreto de guardias, que se adapte a la normativa actual; un reglamento actualizado que data de 2002 y protocolos de trabajo uniformes en todas las provincias, entre otras.

Antes de la celebración de una asamblea de agentes medioambientales sobre la mejora de las condiciones del Cuerpo, reunida hoy en Valladolid, los representantes de los sindicatos de CSIF, UGT, CCOO y ApamCyL-Uscal exigieron la reestructuración del colectivo como una mejora para los 850 empleados de la Junta, por debajo de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que está fijada en 1.050 plazas.
El delegado autonómico de CSIF, Marcelino Arribas, lamentó que el Ejecutivo autonómico haya rechazado “todas” sus propuestas y confió en que salga adelante la proposición de ley de agentes medioambientales, registrada a finales de julio por UPL y Soria YA. “Somos un colectivo que arrastra muchísimo retraso en cuestiones de mejora que nos afectan a nosotros pero también a la protección del medio ambiente”, aseveró. Entre las cuestiones más importantes de la proposición de ley, estarían incluidas la reestructuración del cuerpo para pasar al Grupo B, una nueva formación dentro de una escuela autonómica y una mejora de la seguridad.
Arribas recordó que existe una obligación legal de la Junta para mejorar las condiciones del colectivo, tal y como recoge la Ley nacional 4/2024, que regula la labor de los agentes forestales y medioambientales de España. “El plazo para trasponer esas medidas a la normativa autonómica era noviembre de 2025 pero la Consejería no ha hecho absolutamente nada”, añadió a Ical.
Por su parte, el delegado de Medio Ambiente de UGT, Francisco José Comuñas, mencionó la mejora del decreto que regula las guardias de incendios forestales, que se remonta a 2004. “Tiene 22 años y está totalmente obsoleto y no está actualizado a la situación actual, para hacer frente a los incendios de quinta y sexta generación”, denunció. En este sentido, lamentó que la Junta no haya aprendido “nada” de los grandes fuegos ocurridos en los últimos años. De ahí que urgiera a adaptar el decreto a la normativa estatal, que obliga a tener un sistema permanente de medios y guardias.

“El día 12 se acaba la época de peligro alto de incendios y el 13 de octubre, no habrá técnicos ni agentes medioambientales de guardia, que somos los directores de extinción, para dirigir y coordinar el operativo que haya ante los posibles incendios forestales”, alertó. A su juicio, es una muestra de “lo poco” que le preocupa a la Junta la ciudadanía, el medio ambiente y el medio natural de la Comunidad.
El representante de Comisiones Obreras Leo Hernández hizo hincapié en el reglamento de agentes medioambientales, que lleva 25 años en vigor, pese a que las necesidades del colectivo han cambiado en este tiempo. “Nos da una inseguridad jurídica brutal, con las condiciones actuales, además de no estipular una jerarquía con unas competencias claras y estipuladas”, expuso.
Por último, el delegado provincial de Valladolid del Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (ApamCyL), Diego Burgos, pidió que los protocolos de trabajo sean igual en todas las provincias. Puso el ejemplo del protocolo que marca los servicios de vigilancia de caza y pesca, que deben ser prestados en pareja pero que se hace imposible por la falta de personal.
Señaló que la provincia cuenta con 70 plazas, aunque solo trabajan 50 agentes, de los cuales doce son interinos, que se reparten en ocho comarcas. “Esto hace imposible cubrir los servicios por parte de dos empleados”, reiteró. Algo que se replica en el resto de la Comunidad, por de las 1.050 plazas recogidas en la RPT solo están cubiertas 850, con un número alto de interinos que la Junta contrata para la época de peligro alto de incendios.
Es por ello que los sindicatos urgieron a la Junta a retomar las negociaciones con el colectivo, por que tras las once reuniones llevadas a cabo para abordar aspectos como el decreto de guardia, el nuevo reglamento y la nueva ley no se ha avanzado nada. De no hacerlo, llevarán a cabo medidas de presión que incluye jornadas de huelga.
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