La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un ambicioso programa de diez líneas de actuación para mitigar los graves efectos de las inundaciones que azotaron la Comunidad el pasado mes de febrero. Este plan extraordinario, aprobado por el Consejo de Gobierno, busca ofrecer una respuesta rápida y eficaz a los municipios, empresas y ciudadanos que sufrieron las consecuencias de las crecidas fluviales.
Entre las medidas más destacadas, se incluyen ayudas económicas directas para pequeñas y medianas empresas (pymes) y trabajadores autónomos que vieron sus negocios afectados o forzados al cierre. Asimismo, se ha previsto una partida de hasta un millón de euros destinada a la contratación de personal por parte de los ayuntamientos más perjudicados, facilitando así las labores de recuperación y gestión de la emergencia.
El paquete también contempla subvenciones de carácter 'complementario' para aquellos particulares cuyas viviendas o bienes resultaron dañados y que no contaban con cobertura de seguro, asegurando que nadie quede desprotegido ante esta catástrofe natural.
Un programa integral de diez ejes
El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, fue el encargado de desglosar este conjunto de iniciativas durante su comparecencia. Explicó que el programa se estructura en diez ejes principales, diseñados para abordar la recuperación desde múltiples frentes, siguiendo un modelo de éxito ya aplicado en la gestión de los incendios forestales del verano anterior.
Este enfoque integral, fruto de la colaboración entre las consejerías de la Presidencia, Economía y Hacienda, Industria, Comercio y Empleo, y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, abarca desde la reparación de infraestructuras hasta el apoyo directo a la economía local y las familias. Las diez líneas de actuación son:
- Reparación de infraestructuras municipales: Incluye la restauración de sedes, edificios públicos y maquinaria esencial para la prestación de servicios.
- Ayudas a viviendas particulares: Destinadas a la reposición de mobiliario, electrodomésticos y enseres básicos dañados por el agua.
- Gestión de residuos: Instalación de contenedores y otras infraestructuras necesarias para la correcta gestión de los desechos domésticos generados.
- Retirada de escombros: Limpieza y eliminación de troncos, escombros y otros materiales arrastrados por las riadas.
- Actuaciones en el ciclo del agua: Intervenciones urgentes en sistemas de abastecimiento, depuración y saneamiento para garantizar el suministro y la salubridad.
- Apoyo a autónomos y pymes: Subvenciones directas para compensar pérdidas y facilitar la continuidad de la actividad económica.
- Ayudas a empresas y trabajadores: Medidas específicas para aquellas empresas y empleados afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) debido a las inundaciones.
- Contratación de personal municipal: Un fondo de hasta un millón de euros para que los ayuntamientos puedan reforzar sus plantillas con personal temporal dedicado a las tareas de recuperación.
- Promoción del sector comercial: Iniciativas para revitalizar el comercio local en las zonas damnificadas.
- Subvenciones complementarias a particulares: Apoyo económico para quienes no contaban con seguro y sufrieron daños en sus bienes.
Agilidad en la tramitación y carácter subsidiario de las ayudas
El compromiso del Ejecutivo autonómico es que estas ayudas se aprueben y se hagan efectivas con la máxima celeridad. Fernández Carriedo aseguró que los procedimientos de concesión directa se irán tramitando en los próximos Consejos de Gobierno, con el objetivo de que los fondos lleguen a los afectados 'cuanto antes'.
La normativa aplicable establece que los expedientes relacionados con la recuperación de las zonas siniestradas se gestionarán mediante el procedimiento de urgencia. Dada la naturaleza catastrófica de los eventos, los contratos necesarios para las obras y servicios se tramitarán por la vía de emergencia, lo que permitirá acortar significativamente los plazos habituales.
Es importante destacar que estas ayudas de la Junta tendrán un carácter subsidiario. Esto significa que complementarán las indemnizaciones que puedan corresponder por pólizas de seguros y las que provengan de la Administración General del Estado. La prioridad es asegurar una cobertura integral, evitando duplicidades y garantizando que los recursos se distribuyan de manera eficiente.
A pesar de la rapidez en la respuesta, el portavoz reconoció que aún existen 'indefiniciones' respecto al número exacto de municipios afectados y la cuantificación total de los daños. Algunos de estos perjuicios, señaló, podrían resolverse de forma 'natural' a medida que los niveles de agua en los ríos disminuyan, lo que requiere una evaluación continua y flexible de la situación.
El impacto de las borrascas en Castilla y León
Las intensas borrascas que cruzaron la Península Ibérica durante el mes de febrero provocaron un escenario de emergencia en Castilla y León. Las nevadas, las lluvias torrenciales y las fuertes rachas de viento contribuyeron a un aumento drástico del caudal de numerosos ríos, lo que derivó en el desbordamiento de sus cauces y en graves afecciones en diversas localidades de la Comunidad.
Esta situación crítica obligó a las autoridades a activar las distintas fases operativas del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) y del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCyL). La coordinación de estos planes fue fundamental para gestionar la emergencia, evacuar a personas en riesgo y comenzar las primeras labores de contención y evaluación de daños.
La magnitud de los eventos meteorológicos subraya la necesidad de este paquete de medidas extraordinarias, que busca no solo reparar los daños materiales, sino también ofrecer un respiro económico y social a las comunidades que se vieron directamente golpeadas por la fuerza de la naturaleza.
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