Las empresas forestales de Castilla y León asociadas en Asemfo han decidido por unanimidad no participar en la extinción de incendios forestales en la Comunidad tras constatar la absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa. La decisión, adoptada en una asamblea del pasado viernes, responde a una situación que la organización califica de "límite e insostenible", provocada por más de un año de requerimientos ignorados por la Junta y la campaña de "acoso y derribo" emprendida por la Inspección de Trabajo que provoca que, en la extinción de incendios, la administración autonómica exige unas condiciones operativas propias de una emergencia, que la autoridad inspectora sanciona
De esta manera, unos 950 bomberos forestales no acudirán a la extinción de incendios en la Comunidad, hasta que no haya un cumplimiento "efectivo" de las obligaciones que corresponden a la Junta. Una contradicción, que según la Asociación Nacional de Empresas Forestales, ha derivado en una inseguridad jurídica "absoluta", con sanciones continuas por aspectos como jornadas, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la propia extinción de incendios. "Las empresas se ven así atrapadas entre dos criterios incompatibles que hacen inviable prestar el servicio con garantías legales", expuso en un comunicado recogido por la Agencia Ical.
En una nota Asemfo recuerda que reclama, de forma reiterada desde marzo del año pasado, el cumplimiento de las condiciones mínimas necesarias para operar con seguridad. "La respuesta de la Junta ha sido el silencio y la inacción, en una actitud que es irresponsable, negligente y completamente incompatible con la gestión de un servicio esencial", sentenció.
Por otra parte, la Inspección considera la actuación de las empresas como un trabajo ordinario, no una emergencia, y, por tanto, no está sujeto a las excepciones previstas en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores. "La situación es insostenible y las administraciones se tienen que poner de acuerdo en cuanto a la interpretación de la legalidad y del propio sentido común", añadió.
En una carta remitida por Asemfo al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, explica que la Junta incumple las condiciones laborales, técnicas y económicas establecidas en el Real Decreto 665/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, imprescindibles para que las empresas y los bomberos puedan afrontar la campaña con "mínimas garantías".
A su juicio, esta "dejación de responsabilidades" por parte de la administración, no solo compromete la viabilidad de las empresas sino que pone en riesgo directo la seguridad de los trabajadores y la eficacia del propio operativo de extinción de incendios.
Además, lamentó la decisión de la Consejería de Medio Ambiente del "desmantelamiento" de la participación privada en la extinción de incendios y la sustitución por Tragsa, que no mejora el operativo de la lucha contra el fuego. "La sustitución por Tragsa genera graves perjuicios a los trabajadores, al no aplicarse derechos recogidos en la Ley del bombero forestal, como la subrogación, ni el mantenimiento de sus condiciones laborales", precisó. En este sentido, Asemfo recordó que la prioridad debe ser un servicio de calidad, con independencia de que su gestión sea pública o privada.
Respuesta "urgente y verificable"
La asociación concluyó, según Ical, que la retirada de la extinción de incendios forestales no responde a una estrategia de presión, sino a la imposibilidad real de trabajar en condiciones de seguridad jurídica. No en vano, sentenció que, tras más de 35 años de colaboración "leal" con el operativo de incendios, las empresas forestales consideran que la administración ha quebrado las bases mínimas de confianza y funcionamiento. "Si la Junta no cumple con su responsabilidad, las empresas no podrán acudir a la extinción de incendios forestales", aseveró. Es por ello que exige una respuesta "urgente, concreta y verificable".
Entre otras medidas, Asemfo reclama el cumplimiento "estricto" de las condiciones de seguridad y salud para los trabajadores establecidas por la Inspección de Trabajo de Castilla y León, en particular en lo referente a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo; el respeto "íntegro" del Estatuto de los Trabajadores, sobre la limitación de la jornada máxima de 12 horas y al descanso mínimo obligatorio de 10 horas entre jornadas y, por último, la aplicación efectiva de la Ley de Bomberos Forestales, con la "adecuada" definición de categorías profesionales y la correspondiente dotación económica acorde a las mismas.
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