La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León ha culminado un importante desembolso económico, autorizando el pago de 33,5 millones de euros en concepto de ayudas agroambientales y para zonas con limitaciones. Esta inyección financiera beneficia directamente a 15.158 agricultores y ganaderos de la región, consolidando el apoyo a un sector fundamental para la economía y el paisaje castellano y leonés. Estos fondos, correspondientes a la campaña de la Política Agrícola Común (PAC) 2025, son cruciales para mantener la viabilidad de las explotaciones y fomentar prácticas más respetuosas con el medio ambiente.
Apoyo a las zonas con limitaciones naturales
Una parte sustancial de este paquete de ayudas, concretamente 27,6 millones de euros, se ha destinado a compensar a los profesionales del campo cuyas explotaciones se ubican en zonas con limitaciones naturales. Un total de 14.216 beneficiarios han recibido estos fondos, que buscan mitigar las dificultades inherentes a trabajar en áreas con condiciones geográficas o climáticas adversas, lo que a menudo se traduce en una menor productividad y mayores costes operativos. Este tipo de subvención es vital para asegurar la continuidad de la actividad agraria en territorios que, de otro modo, podrían sufrir un abandono progresivo, afectando la cohesión territorial y la prevención de incendios o la erosión. Desde el inicio del periodo de pagos de la campaña, el 16 de octubre del año pasado, esta línea de ayuda ha canalizado un total de 48,8 millones de euros, llegando a 24.569 profesionales del sector primario en la comunidad, según datos facilitados por Ical. Este compromiso financiero subraya la importancia de la agricultura y la ganadería en la vertebración del medio rural.
Fomento de la sostenibilidad a través de las ayudas agroambientales
Paralelamente, las ayudas agroambientales representan otro pilar fundamental en la estrategia de la Consejería para promover una agricultura y ganadería más sostenibles. Estas ayudas se articulan a través de diez líneas de intervención distintas, diseñadas para incentivar prácticas que van más allá de los requisitos básicos de la condicionalidad y que contribuyen significativamente a la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Las líneas de actuación incluyen:
- Agricultura ecológica: Impulsa métodos de producción que respetan los ciclos naturales y minimizan el impacto ambiental.
- Cultivos agroindustriales sostenibles: Fomenta la producción de cultivos para la industria con criterios de sostenibilidad.
- Aprovechamiento forrajero extensivo: Promueve el uso de pastos de manera que se preserve la biodiversidad y el suelo.
- Gestión sostenible de superficies forrajeras: Asegura un manejo adecuado de los pastizales para su conservación a largo plazo.
- Apicultura: Apoya a los apicultores, esenciales para la polinización y la biodiversidad.
- Agroecosistemas extensivos de secano: Mantiene sistemas agrícolas tradicionales de secano, valiosos para la biodiversidad.
- Cultivos minoritarios: Respalda la conservación de variedades de cultivos con menor presencia pero gran valor genético o cultural.
- Cultivos permanentes: Incentiva la gestión sostenible de viñedos, frutales y otros cultivos de larga duración.
- Abonado orgánico: Promueve el uso de fertilizantes naturales para mejorar la salud del suelo y reducir la contaminación.
- Razas autóctonas puras: Contribuye a la conservación de la diversidad genética animal y el patrimonio ganadero de la región.
Durante los meses de abril y mayo, se ha efectuado el abono de la liquidación de estas ayudas agroambientales a 942 productores, por un montante de 5,8 millones de euros. Actualmente, solo resta por completar el pago de la línea específica para razas autóctonas puras y un reducido número de beneficiarios que se han incorporado recientemente a las líneas de agricultura ecológica y apicultura en la campaña 2025. En el cómputo global de todo el periodo, las ayudas agroambientales han distribuido un total de 30,6 millones de euros entre 6.569 beneficiarios, demostrando el firme compromiso de la administración con la transición hacia modelos productivos más verdes.
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