La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de Castilla y León pondrá en marcha un Bono Recupera-T para financiar las cuotas abonadas por autónomos personas físicas que estén de baja médica, según anunció el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones en su comparecencia en las Cortes autonómicas para explicar su programa de gobierno para cuatro años.
El consejero enmarcó esta medida en un “Kit de Autónomos” con “medidas contundentes” para el colectivo. Según explicó, el bono cubrirá las cuotas de los trabajadores por cuenta propia que se encuentren en situación de incapacidad temporal con derecho a prestación económica.
Suárez-Quiñones defendió que “El autónomo, generador de riqueza y empleo, también debe poderse permitir enfermar, algo que la realidad demuestra les resulta difícil, y así es que la incidencia por baja médica es en autónomos hasta cuatro veces menor que en asalariados por cuenta ajena”.
Junto a esa medida, la Junta incrementará el incentivo para el relevo en la actividad por cuenta propia en Castilla y León, conocido como Relevacyl, hasta los 30.000 euros. La cuantía mínima para quien asuma el traspaso de un negocio cuyo titular cese por jubilación o causas sobrevenidas pasará de 10.000 a 20.000 euros, con otros 10.000 euros adicionales si la persona beneficiaria es mujer o si la actividad se desarrolla en el medio rural. Además, se pondrá en marcha una plataforma web de oferta y demanda de traspasos de negocios.
El consejero también anunció que se ampliará de 18 a 24 meses la subvención de cuotas de la Seguridad Social dentro de Consolidacyl, la línea de apoyo a nuevos autónomos, tanto para quienes se acojan a la tarifa reducida del Estado como para quienes no lo hagan. Según detalló, esa extensión supone ampliar a dos años la cuota cero.
Otra de las medidas avanzadas será un Bono Autónomos, una ayuda directa de 300 euros destinada a aliviar parte del aumento de costes derivado, según dijo, del incremento de cotizaciones, cargas laborales y obligaciones administrativas impuestas por el Gobierno central.
Economía social y cooperativismo
Suárez-Quiñones situó también la economía social entre las prioridades de la Consejería. Señaló que Castilla y León cuenta con cerca de 5.500 empresas y entidades de este ámbito y afirmó que ese tejido cumple una función relevante en la generación de empleo estable, la inclusión laboral, la cohesión territorial y la fijación de población, especialmente en el medio rural.
Tras movilizar cerca de 175 millones de euros en la anterior legislatura para fortalecer este modelo, la Junta elaborará el II Plan Estratégico de Fomento de la Economía Social 2026-2030. El documento dará continuidad al trabajo previo y mantendrá el apoyo a cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción.
Entre las actuaciones previstas figuran el apoyo a la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social de la Universidad de Valladolid, la modernización del portal de economía social, nuevas campañas de difusión y la participación en proyectos europeos orientados al desarrollo económico y la fijación de población en el medio rural.
La Consejería también reforzará el apoyo a los centros especiales de empleo y a las empresas de inserción, con el objetivo de facilitar la incorporación laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión y favorecer su acceso al mercado ordinario de trabajo. En el ámbito cooperativo, mantendrá el Fondo de Fomento del Cooperativismo como principal instrumento de financiación e impulso de nuevas iniciativas.
Por último, la Junta impulsará el desarrollo reglamentario de la Ley de Cooperativas de Castilla y León mediante la modificación del decreto que regula el Registro de Cooperativas de la Comunidad. Según explicó el consejero, la reforma busca responder a las necesidades actuales de estas entidades y simplificar la tramitación de los procedimientos.
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