Las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia y Asturias han unido fuerzas para presentar ante la Comisión Europea una reclamación conjunta que busca acabar con los peajes que aún se mantienen en las autopistas AP-66 y AP-9. Esta coalición cuenta también con el respaldo de las principales organizaciones empresariales del noroeste peninsular —la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y la Federación Leonesa de Empresarios (FELE)— con el fin de presionar a las instituciones europeas para acelerar una solución definitiva.
En una declaración institucional, estas comunidades junto a sus patronales han demandado que el procedimiento iniciado por la Comisión Europea avance conforme al Derecho comunitario. En caso necesario, no descartan llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante un recurso por incumplimiento. Consideran ambas vías imprescindibles dado que las autopistas afectadas son infraestructuras estratégicas tanto para garantizar una movilidad fluida como para fortalecer la competitividad empresarial en toda esta zona del país.
La preocupación principal radica en la falta de transparencia del Gobierno central respecto al estado actual del conflicto. A pesar de haber solicitado formalmente acceso al expediente europeo y al dictamen motivado emitido por Bruselas en julio de 2025, Castilla y León, Galicia y Asturias denuncian "no haber recibido información ni detalles sobre las alegaciones presentadas por España2. Desde estas regiones se considera que mantener los peajes constituye un "agravio económico", especialmente si se compara con otras vías estatales ya liberadas o que cuentan con importantes descuentos.
Mientras continúa este pulso legal en Europa, Castilla y León ha reiterado su compromiso para "atenuar el impacto financiero que sufren los usuarios afectados". Así, ha recordado su hoja de ruta destinada a implementar bonificaciones mínimas del 60% para conductores habituales en varios tramos concesionados dentro de su territorio, incluyendo no solo las autopistas AP-66 sino también AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71.
El proceso europeo contra las prórrogas concedidas sin licitación pública arrancó el 23 de septiembre de 2021 cuando la Comisión Europea envió una carta formal a España advirtiendo irregularidades. Posteriormente, el 17 de julio de 2025, Bruselas emitió un dictamen motivado cuestionando expresamente estas prórrogas argumentando posibles vulneraciones a los principios comunitarios fundamentales como son la transparencia e igualdad entre operadores. En octubre siguiente, tras solicitar acceso al expediente sin éxito alguno por parte del Estado español, estas autonomías intensificaron sus peticiones instando a Bruselas a cerrar cuanto antes este procedimiento administrativo.
A nivel estratégico más amplio, este encuentro sirvió también para reafirmar el compromiso conjunto en defensa del desarrollo eficiente del Corredor Atlántico ferroviario. Castilla y León ha vuelto a reclamar al Ejecutivo central que apruebe urgentemente un Plan Director específico para esta comunidad autónoma debido a la carencia actual tanto de calendarios definidos como inversiones claras vinculadas al corredor logístico europeo. Para avanzar pese a estos obstáculos políticos nacionales, la Junta trabaja además en POPTEC: un proyecto europeo orientado a fomentar cooperación transfronteriza entre Galicia, Norte de Portugal y Castilla y León destinado a potenciar el ramal noroeste dentro del eje logístico atlántico.
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