La Junta de Castilla y León presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra la regularización extraordinaria de inmigrantes como avanzó hace una semana al iniciarse este procedimiento habilitado por el Gobierno. Además, censura su aplicación ya que entiende que este proceso se está llevando a cabo con "ciertas dificultades en España" a la vista de las "colas" que se han generado a la hora de realizar los diferentes trámites previstos.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, comunicó la decisión de recurrir el Real Decreto de la regularización al Supremo por ser la vía "más oportuna", lo que recordó no exige un informe preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla y León, ni tampoco que pase por la reunión de los jueves de todos los miembros del Ejecutivo, informa Ical.
En ese sentido, Fernández Carriedo expuso que se ha encargado un informe a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que dirige en funciones la vicepresidenta Isabel Blanco que servirá de "base" para la redacción del recurso que elaborarán los servicios jurídicos de la Comunidad.
Asimismo, el consejero portavoz reiteró que emprenden la vía judicial, junto a otras comunidades del PP, como trasladó hace una semana, al entender que puede colisionar con la normativa europea en relación a la libre circulación de las personas en todo el territorio de la Unión Europea, algo que señaló ha apuntado ya la Comisión Europea.
Finalmente, Fernández Carriedo se refirió a la acreditación de requisitos para ser regularizado, ya que en su opinión se exigen fórmulas "extraordinariamente complejas" que sin embargo "no siempre aseguran" su cumplimiento por parte del solicitante. A ello añadió las "colas" que se han generado en algunas administraciones.
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