La Junta de Castilla y León introducirá un régimen permanente para las viviendas de protección pública que construya cuando obtengan financiación tanto del Gobierno central como de las instituciones europeas, según el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas al que ha tenido acceso la agencia Ical.
La modificación se plantea mediante una disposición final de la llamada ley de acompañamiento y entraría en vigor el 1 de enero. En la exposición de motivos, el Ejecutivo autonómico justifica el cambio por “razones graves de interés público” y expresa su “disconformidad” con la política estatal de vivienda, aunque considera necesaria la reforma para no quedar fuera de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ni de otras líneas con fondos europeos, como el FEDER o la financiación del Banco Europeo de Inversiones.
Según el texto citado por Ical, la Junta sostiene que con esta medida evita renunciar a fondos “a los que en todo caso tiene derecho esta Comunidad”. En la actualidad, el régimen de salvaguarda de las viviendas de protección pública dura quince años desde la licencia de primera ocupación. En el caso de la promoción privada, la desclasificación puede tramitarse a partir de los diez años si se cumplen determinadas condiciones, entre ellas que el suelo no haya sido cedido o enajenado por una administración pública salvo conformidad expresa, y que, si hubo ayudas, estas se reintegren y se cancele o adapte el préstamo hipotecario con financiación pública.
El plan estatal para Castilla y León prevé una dotación de 378 millones de euros, de los que 43 millones corresponden al primer año, frente a los 110 millones asignados en el periodo 2022-2025. La distribución prevista dedica al menos el 40 % a la construcción de nueva vivienda, el 30 % a la rehabilitación del parque existente y el 30 % a ayudas al alquiler y la compra para jóvenes, víctimas de violencia machista y colectivos vulnerables.
Objetivo de 5.000 viviendas nuevas en la legislatura
Además de la reforma legal, la Junta proyecta construir e impulsar al menos 5.000 nuevas viviendas protegidas durante la legislatura, que se sumarían a las 1.300 que están en construcción. La vicepresidenta segunda del Gobierno autonómico, Isabel Blanco, avanzó en las Cortes ese objetivo y anunció también un incremento del 80 % en la inversión destinada a política de vivienda.
Parte de ese desarrollo se canalizará a través de los cuatro Planes Regionales de Ámbito Territorial ya aprobados o en tramitación, en Segovia, Aguilar de Campoo, Medina de Rioseco y Ólvega, que permitirán 1.455 nuevas viviendas, de ellas 814 protegidas. A ellos se sumarán otros tres planes en Viana de Cega (Valladolid), Guijuelo (Salamanca) y Paredes de Nava (Palencia), con 558 viviendas adicionales, 366 de ellas protegidas.
El Ejecutivo autonómico prevé además 126 viviendas mediante planes parciales y otras 808 a través de distintas actuaciones urbanísticas en Fuensaldaña (Valladolid), Villamuriel del Cerrato (Palencia) y Valladolid.
✅ Entérate de las últimas noticias y avisos importantes haciéndote seguidor de nuestro canal en WhatsApp. Entra en este enlace y activa las notificaciones 🔔