El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este viernes el decreto ley de ayudas a las hipotecas, que beneficiará a un millar de familias antes de 2022, gracias a una partida de seis millones de euros, tal y como presentó el miércoles el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y ayer, tras la aprobación del documento en el Consejo de Gobierno, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien señaló que se había remitido el proyecto a las Cortes para su debate y tramitación.
El decreto ley podrá llegar a un millar de familias a finales de este año, con ingresos de hasta 35.000 euros y una cuantía de seis millones, con una ayuda máxima de 4.035 euros. Se podrán beneficiar más familias “agobiadas” por el aumento de los precios (inflación) y de los tipos de interés.
Para acceder a esta ayuda no se podrán superar en los ingresos anuales la cuantía equivalente a cuatro veces el IPREM anual en catorce pagas, incrementada en el caso de unidad familiar o de convivencia, en un porcentaje por cada miembro adicional (20 por ciento por el primer miembro, 10 por el segundo y cinco por ciento por el tercero y siguientes). El importe máximo anual de esta ayuda económica será del 50 por ciento de la cuantía. Esta prestación se podrá conceder mediante un pago único o fraccionado, siempre que se mantengan las circunstancias que dieron lugar a su concesión.
Además de elevar el umbral de 13.780 euros de la anterior ayuda a las hipotecas hasta los 35.262 euros para una familia de cuatro miembros, se incrementa en un 16 por ciento la subvención, que podrá llegar a los 4.035 euros anuales. A ello, se une el dinero que destina la Junta a esta línea que pasa de los 2,5 a los seis millones, una cantidad que se podrá aumentar en función de las necesidades.
La consejera incidió en que los interesados podrán solicitar información a través de las entidades del Tercer Sector, que se encargarán de difundir la medida entre las personas y familias más vulnerables a las que atienden, aunque también la gestión, que se realizará a través del teléfono de atención al ciudadano 012, así como mediante las oficinas en colaboración con las entidades locales.
Para beneficiarse de la ayuda, la persona titular de la vivienda debe estar empadronada en algún municipio de Castilla y León con, al menos, seis meses de antigüedad al momento de la fecha del inicio del correspondiente procedimiento. Además, según informe técnico, se deben encontrar en situación de riesgo de impago o situación de impago de cuotas del préstamo hipotecario de su vivienda habitual, siempre que dicha situación no sea imputable a la actuación voluntaria de la persona obligada a su pago.
Igualmente, que la vivienda habitual esté ubicada en algún municipio de la Comunidad, sea la única de su titularidad y se haya adquirido por un precio inferior a 300.000 euros. Por último, que el afectado, según informe técnico, no disponga de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia.