La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha acusado a la Junta de Castilla y León de “hipocresía descarada” por despedir de momento al 30% del personal del operativo de incendios forestales en el que consideran “el peor año de la historia” en materia de emergencias, al tiempo que publicita “a bombo y platillo” un plan de estabilidad que califican de “engañoso” y “sin precedentes”.
“Es una actitud de hipocresía descarada del Gobierno autonómico que no vamos a apoyar y de la que no vamos a ser cómplices, mientras se sigue poniendo en peligro la seguridad de ciudadanos y manteniendo la precariedad de los trabajadores y trabajadoras”, denuncian desde el sindicato.
El recorte de plantilla llega coincidiendo con la reducción del nivel de riesgo de incendios de alto a medio, pese a que, según advierte CSIF, “siguen produciéndose fuegos por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas en este otoño”. La central alerta de que “hay material que deja de funcionar y la operatividad se limita”, y critica que, “mientras el operativo antiincendios ‘flexible’ del consejero de Medio Ambiente se desmantela, Suárez-Quiñones se mantiene incomprensiblemente en su cargo”.
Respecto al plan anunciado por el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, CSIF lo tacha de “pura propaganda electoralista”, sin mejoras reales: “No supone ninguna mejora estructural y laboral que permita un operativo realmente profesional y público”. Para el sindicato, la Junta “pretende que la ciudadanía olvide el infierno y la angustia que hemos pasado este verano, con fallecidos, heridos y pueblos arrasados, consecuencia directa de su mala gestión.
Entre las medidas incluidas en ese plan, se contempla el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, con un incremento de 75 euros mensuales por peligrosidad, esfuerzo físico o toxicidad. Para CSIF, “esto es un insulto” dado que no soluciona la precariedad del colectivo.
La organización también cuestiona el compromiso de que en 2026-2028 el operativo tenga “naturaleza pública”. A su juicio, se trata de un “nuevo engaño” que en realidad esconde una privatización, ya que se derivaría a sociedades públicas o mercantiles como Somacyl o Tragsa, “en vez de empleados públicos”. “Un operativo cien por cien público es más económico que el gestionado por ese tipo de sociedades privadas, cuyo objetivo es maximizar beneficios”, añaden.
Además, critican que la Junta anuncie ahora el acceso al Grupo B para los agentes medioambientales tras 17 años de incumplimiento, pero limitándolo solo a la mitad de la plantilla, dejando fuera a quienes accedieron sin titulación superior en convocatorias anteriores. “En vez de buscar soluciones, como en Galicia, Asturias o Andalucía, aquí directamente quedan excluidos”, lamenta CSIF.
Finalmente, el sindicato reprocha que la Administración autonómica ignore el Decreto de guardias de incendios, pendiente de aprobación desde hace tres años, y advierte de los “disparates” que se plantean en la negociación: “como dejar solo dos agentes medioambientales por provincia, que pueden tardar hasta tres horas en llegar a un incendio, o las famosas guardias low cost”.
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