Los agentes medioambientales de Castilla y León han pedido a la Junta una actualización de su regulación autonómica para adaptarla a la Ley 4/2024, básica de agentes forestales y medioambientales, y para que su reconocimiento jurídico y profesional refleje las funciones que, según sostienen, realizan en la actualidad. La organización, en un comunicado difundido por Ical, defiende que la reforma debe incorporar mejoras en seguridad, formación, medios materiales, carrera profesional y estructura organizativa.
El colectivo cuestiona que la Junta invoque motivos económicos, organizativos y técnicos para oponerse al desarrollo de un cuerpo profesional propio y reclama que la propuesta pueda debatirse en las Cortes de Castilla y León. Según sus representantes, la actividad de estos agentes ha evolucionado al ritmo de los riesgos ambientales y de las necesidades de protección del medio natural.
Funciones de policía y actuación en emergencias
Entre las tareas que citan figuran la investigación de incendios forestales, la inspección de vertidos, la persecución del furtivismo, la protección de especies, la intervención en emergencias y el auxilio a personas en el medio natural. A juicio del colectivo, la regulación autonómica debe reflejar esas responsabilidades sobre el terreno y dotarles de una estructura profesional acorde con las exigencias actuales.
Los representantes recuerdan además que la Ley 4/2024, aprobada por las Cortes Generales, fija un marco básico que refuerza las funciones de policía, custodia y vigilancia de los agentes forestales y medioambientales, su condición de agentes de la autoridad, sus funciones de policía administrativa especial y policía judicial genérica, así como su participación en emergencias y su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En ese contexto, piden explicaciones a la Junta sobre las posiciones que, según afirman, mantuvo durante la tramitación de la normativa estatal en 2022, cuando se presentaron alegaciones a algunos contenidos del entonces proyecto de ley. También sostienen que esos antecedentes deben valorarse a la luz de la norma finalmente aprobada y no como argumento para frenar ahora una regulación propia.
Mejoras laborales y negociación
Entre sus principales reivindicaciones figuran una mayor seguridad en el desempeño de sus funciones, formación específica, mejores medios materiales, una carrera profesional vertical y una estructura organizativa adaptada a sus responsabilidades. El colectivo insiste en que no busca privilegios, sino una regulación que reconozca su papel en la protección del patrimonio natural y garantice condiciones adecuadas para trabajar.
Los agentes medioambientales también reclaman que cualquier modificación normativa se negocie con los representantes de los trabajadores. Si la Junta considera que algunos artículos de la propuesta son mejorables, piden que presente alternativas concretas y que las discrepancias se discutan en el debate parlamentario.
Además, rechazan que las posibles duplicidades administrativas o el impacto presupuestario baste para cerrar la discusión sobre la reforma. A su juicio, su trabajo constituye un servicio público esencial para la seguridad, la conservación ambiental y la eficacia de la Administración.
Los representantes concluyen que el desarrollo de la normativa autonómica debe abordarse como una inversión en seguridad, medio ambiente y servicio público, y no solo como una cuestión presupuestaria.
✅ Entérate de las últimas noticias y avisos importantes haciéndote seguidor de nuestro canal en WhatsApp. Entra en este enlace y activa las notificaciones 🔔