Trece mujeres, nueve de nacionalidad paraguaya, dos peruanas, una argentina y una española han sido liberadas en Valladolid en el marco de una operación contra la trata de seres con fines de explotación sexual, en la que la Policía Nacional ha logrado detener a los ocho miembros de un clan familiar que disponía de seis pisos en la capital vallisoletana donde obligaba a las víctimas, en una situación de ‘semiesclavitud’, a ejercer la prostitución durante las 24 horas del día. Además, las mujeres eran intimidadas mediante ritos de santería, dado que en los registros se han encontrado dos altares de esta religión afro-caribeña.
La investigación, que se ha prolongado durante más de un año, se inició a raíz de la denuncia de una de las víctimas, que había sido captada por una mujer que, aprovechando de su situación de vulnerabilidad, dado que se encontraba en España de forma irregular y sin un trabajo con el que enviar dinero a su país de origen, la convenció para que ejerciera la prostitución en uno de los pisos-club que el clan familiar, de origen paraguayo y peruano, tenía en Valladolid, y en los que también se vendía drogas a los clientes.
Las víctimas, según explicaron esta mañana el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, y el comisario provincial, Javier Oterino, eran consideras de “su propiedad” hasta que saldaban la deuda contraída por la financiación de su viaje hasta España o generaban suficientes recursos para los investigados.
Durante los primeros meses, la matriarca del clan alojaba a las víctimas en un piso controlado por su nuera, quien actuaba como encargada de la explotación sexual, fijaba las tarifas de los servicios, cobraba a los clientes y autorizaba a las víctimas breves salidas para comprar comida y productos de primera necesidad, dado que no podían abandonar el piso sin su autorización. Además, vivían hacinadas en dos dos pequeños dormitorios, cada uno con dos camas individuales, donde pernoctaban hasta ocho mujeres.
Según explicaron los responsables policiales de la operación, una de las características de este tipo de redes de origen paraguayo es que las víctimas son captadas entre mujeres jóvenes y vulnerables de las propias familias de los tratantes, tal y como ocurrió en este caso, dado que la principal captadora llegó a proporcionar a la red mujeres de su propia familia.
Las víctimas obtenían un pequeño porcentaje por los servicios sexuales que realizaban o, en el caso de habar contraído una deuda, no obtenían nada hasta que la misma era saldada. Además, debían estar disponibles las 24 horas del día, no tenían ningún día de descanso, ni siquiera por enfermedad, y ni podían elegir a sus clientes ni lo servicios que realizaban.
Después de un tiempo, las víctimas eran trasladadas a otro pisos, que en este caso era controlados por una de las hijas de la matriarca, donde además de ejercer la prostitución en las mismas penosas y abusivas condiciones, era monitorizadas las 24 horas mediante un sistema de videovigilancia. Además, la hija mayor, cuyo número de teléfono tenían grabadas las víctimas en sus terminales bajo el nombre de Santa Muerte, utilizaba la santería para atemorizarlas.
Droga
Por su parte, el hijo mayor de la matriarca era el encargado de llevar la contabilidad y publicar anuncios en páginas web, mientras que otro miembro de la familia tenía como función proporcionar drogas a los clientes. En uno de los domicilios registrados se encontraron 14,23 gramos de cocaína y 9,88 gramos de ‘tusi’, cocaína rosa. Además, otros hijos y un amigo también colaboraban en la trama criminal, ya fuera controlando la explotación en ausencia de las principales encargadas, o bien haciendo las veces de taxistas en la salidas de las víctimas para atender a clientes en sus domicilios, mientras que el amigo íntimo de la familia era la cara visible del clan a la hora de alquiler los pisos.
Esta es la segunda operación contra la trata de seres con fines de explotación sexual que la Policía Nacional realiza en Valladolid en lo que va de año, mientras que el pasado año se llevaron a cabo cinco.
Durante la presentación de la operación policial, Jacinto Canales, destacó el compromiso del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la persecución de un delito al que se refirió como la “esclavitud del siglo XXI” y resaltó que las víctimas que denuncian “no están solas”. En este sentido, explicó que una vez que se presenta la denuncia, las mujeres cuentan con protección policial y se pone en marcha el mecanismo para regular su situación en España y lograr un permiso de trabajo.
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