El problema de la vivienda ha tomado las calles en España porque un derecho constitucional se ha transformado en un indicador de pobreza para miles de ciudadanos. Ningún territorio es ajeno a esta situación y el impacto social de los elevados precios queda patente cuando se analiza la detracción de recursos que representa este bien básico para las familias.
Y es que hasta 70.000 personas en Castilla y León pasarían a ser consideradas “pobres ocultos” si se descuenta de sus ingresos los gastos de vivienda, como recoge un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que eleva la cifra para el conjunto nacional en 1,95 millones de habitantes: “Personas que no son clasificadas como pobres según la renta disponible convencional, pero sí lo son después de pagar el coste residencial de acceso”, indica el análisis recogido por Ical.
El estudio “El Coste de la Vivienda y la Pobreza Oculta en España: 2014–2025”, elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz (Fedea y Universidad Complutense de Madrid) y Álvaro Pinto (Fedea y Universidad de Alcalá), utiliza los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) entre 2014 y 2025 para analizar hasta qué punto incorporar la vivienda modifica el diagnóstico convencional de la pobreza. Para ello compara distintas métricas que descuentan los costes residenciales de la renta o incorporan la ventaja asociada a no pagar un alquiler de mercado, y contrasta sus resultados con la privación material efectivamente observada.
En este sentido, el documento precisa que Castilla y León se sitúa como la octava autonomía con más porcentaje de “no pobres que entran” en el colectivo, con un 3,9% de su población, aunque por debajo de la media en el conjunto nacional que alcanza el 5%.
La aproximación de 70.000 personas de Castilla y León representa el 3,7% del global afectado en España. El estudio pone de relieve que el 12,7% de los habitantes de la Comunidad incluidos en este grupo sufrirían carencia materia y social “severa”, un porcentaje muy inferior a la media nacional del 20,9%.
Las autonomías que sumarían mayor porcentaje de nuevos “pobres” tras el pago de la vivienda son Cataluña, 6,6% (450.000); Murcia, 6,1% (70.000); Madrid, 6% (370.000); Castilla-La Mancha, 5,8% (90.000); y Valencia, 5% (200.000). El mayor peso dentro del conjunto nacional sería para loa catalanes, con el 23,1% del total de afectados; Madrid, 18,7%; Andalucía, 13,8 % (270.000); y Valencia, 10,2%. Los mayores indices dentro de este grupo, con pobreza severa, se registran, siempre según los datos del estudio, en Castilla-La Mancha, 34,1%; Cataluña, 26,9%; Madrid, 23,8%; Galicia, 23,8%; y Murcia, 21%.
El documento sitúa a Castilla y León lejos de las autonomías con mayores desembolsos residenciales, lo que refleja que los bajos ingresos salariales siguen obligando a un esfuerzo elevado para abonar el alquiler o la hipoteca. En este sentido, la información de Fedea constata que solo el 1% de la población de la Comunidad vivía en 2025, en hogares con una gasto residencial total por encima de los 12.000 euros, frente a una media del 4,9% en España, porcentaje que en Madrid se dispara hasta el 14,6%. Asimismo, un 2,4% de los castellanos y leoneses residía en viviendas con un desembolso por encima de los 10.000 euros, cuando en España se situaba ese dato en el 9,4% (23,7% en Madrid); y un 12,4%, en hogares que dedicaban a estos gastos más de 7.000 euros, frente al 21,5% nacional (40,2% en la Comunidad madrileña).
El análisis económico que aporta Fedea también se centra en el gasto residencial mediano en cifras absolutas y precisa que las personas que viven en alquiler a precios de mercado abonan en la Comunidad, 7.104 euros, muy por debajo de los 9.192 de la media nacional, y los de renta inferior, 6.324, cuando en España está en 6.395. Asimismo, los que viven en su casa sin hipoteca destinan a gasto residencial 2.866 euros, cuando en el conjunto de las autonomías supone 2.905 euros; y los que tiene que abonar hipoteca, pagan 5.096 euros, por debajo de los 5.200 en España. Los de cesión gratuita destinan a gasto residencial como cifra mediana 2.153 euros en Castilla y León, y 2.317 en el conjunto nacional.
El estudio resume que la vulnerabilidad asociada a la vivienda presenta un perfil social y territorial muy marcado. Se concentra especialmente entre quienes viven de alquiler, los hogares con una persona de referencia joven o nacida en el extranjero y las zonas con mercados residenciales más tensionados. El propio análisis muestra que buena parte de estas diferencias está relacionada con la posición que ocupan los distintos hogares dentro de la estructura de tenencia y con su proximidad inicial al umbral de pobreza.
En conjunto, los resultados muestran que incorporar la vivienda no cambia la conclusión de que la pobreza ha disminuido durante la última década, pero sí modifica sustancialmente su diagnóstico, su intensidad y, sobre todo, quién aparece como pobre. La renta disponible sigue siendo una referencia fundamental para medir el bienestar, pero resulta insuficiente para distinguir plenamente entre hogares que, pese a disponer de ingresos similares, conservan capacidades económicas muy distintas después de pagar el alojamiento.
El estudio concluye que esta dimensión debería incorporarse de forma más explícita al diseño de las políticas de garantía de ingresos, teniendo en cuenta los costes residenciales que afronta cada hogar. “Esto permitiría ajustar mejor la protección pública a su capacidad económica efectiva y detectar situaciones de vulnerabilidad que pueden quedar fuera cuando el test de recursos se basa exclusivamente en la renta antes de vivienda”.
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