El juicio contra el maltratador de perros en Melgar de Fernamental arranca el martes, a las 9.30 horas, en los Juzgados de Burgos por delitos de maltrato animal y alzamiento de bienes. Daniel D.O., el titular del criadero que estaba en pésimas condiciones, fue detenido y extraditado desde Venezuela en febrero pasado, después de estar huido de la justicia desde 2020.
En febrero de 2020 el Seprona de la Guardia Civil, en el marco de la denominada Operación Chenilbur, registró las propiedades del criador y al conocer que había abandonado el país, apenas cuatro días antes, el Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos encargado de la causa emitió una orden internacional de detención para su extradición. Por parte de Interpol se cursó una ‘Red Notice’ de cooperación de las policías de todo el mundo, con la finalidad de localizar y detener provisionalmente al fugado.
El Seprona de la Guardia Civil solicitó al Juzgado que dirigía la operación la inhabilitación del fugado para el ejercicio de la profesión, la revocación de la licencia ambiental, la retirada de la propiedad de todos los perros y la clausura de la instalación.
Los guardias civiles continuaron con las investigaciones y consiguieron ubicar al fugado primeramente en una región de México y años después en Venezuela. Desde allí, fruto de la colaboración policial y judicial con este país, fue detenido y devuelto a España, donde aterrizó el 26 de febrero.
La investigación se remonta al año 2013. El Seprona ya inspeccionaba en aquella época las instalaciones de este criadero para verificar que se cumplían las normas higiénico-sanitarias y de bienestar animal y siempre acababan denunciando administrativamente las deficiencias e irregularidades observadas.
Los hábitos negligentes del criador en el cuidado de sus mascotas fueron agravándose, lo que provocó además un gran malestar entre los vecinos y resto de habitantes del municipio debido a la suciedad generalizada, olores, deposiciones acumuladas mezcladas con comida y plaga de parásitos.
En 2019 se intensificaron las acciones y se comprobó el deficiente estado general de perros y cheniles. En ese momento se detuvo por maltrato animal al criador y se le retiraron cuatro perros por su pésimo estado de salud.
Según recogió Ical de la Guardia Civil, la licencia ambiental autorizaba la tenencia de 75 animales. Sin embargo, se comprobó que llegaron a residir 147 perros (97 adultos y 50 cachorros). Muchos presentaban extrema delgadez, padecían enfermedades y eran privados de cuidados veterinarios.
Ese mismo año fue de nuevo detenido por estafa en la venta de un perro y otra vez meses después en una nueva inspección por maltrato animal por persistir las mismas negligencias y condiciones de precariedad en las mascotas. En esa ocasión también fueron intervenidos cinco animales que precisaron atención veterinaria urgente.
Una nueva visita al denominado ‘criadero de los horrores’ en 2020, ya con el buscado fuera de España, puso en valor el incremento de las enfermedades y abandono. Se realizaron cuatro registros (dos domicilios, una finca y el propio criadero) bajo mandamiento judicial para su detención.
En un piso de un bloque de viviendas se encontraron varios perros muertos -un cachorro en una bolsa en el congelador-, aunque fueron rescatados 38 vivos hacinados entre excrementos, abandonados sin agua y sin comida. También en el propio criadero yacían varios cuerpos en un contenedor de plástico, a modo de vertedero, incluso otros presentaban evidencias de canibalismo. Las necropsias de los cadáveres confirmaron que la muerte fue por abandono total de los mismos.
La inspección a estas cuatro propiedades culminó con la retirada por orden judicial de los 86 canes supervivientes y dos gatos para su posterior trámite de acogida.
La Asociación Protección y Oportunidad Animal (Proanbur) y Justicia y Defensa Animal denunciaron públicamente la situación y reclamaron reiteradamente una intervención que pusiera fin al sufrimiento de los animales. Presiones que motivaron que en julio de 2019, una inspección del Seprona junto a una veterinaria de la Junta constató nuevamente las graves condiciones existentes. Meses después se produjeron nuevas intervenciones y rescates. Durante las inundaciones de noviembre de 2019, voluntarios participaron además en la evacuación de decenas de perros de las instalaciones.
Lucha de Proanbur
Un comunicado de Proanbur, recogido por Ical, señaló que la asociación desempeñó, durante todo el proceso, un “papel fundamental” en el rescate, atención veterinaria, recuperación y búsqueda de hogares para los animales supervivientes. “La asociación, junto a otras entidades, voluntarios, profesionales veterinarios y ciudadanos, tuvo que afrontar durante meses un extraordinario esfuerzo humano y económico para atender a animales que llegaban con importantes secuelas físicas y psicológicas”, precisó.
La entidad también valoró como “decisiva” la movilización ciudadana, ya que las denuncias públicas, concentraciones y campañas para reclamar una solución al criadero consiguieron que el caso trascendiera las fronteras de Burgos y se convirtiera en un “símbolo” de la lucha contra el maltrato animal y de la necesidad de que las administraciones reaccionen con rapidez ante situaciones de esta gravedad.
Proanbur consideró que el juicio que comienza esta semana representa la culminación de un camino iniciado hace más de una década. No en vano, recordó que han sido años de denuncias, inspecciones, rescates, procedimientos judiciales, movilizaciones ciudadanas y trabajo incansable de protectoras y voluntarios. “Pero, sobre todo, detrás de este procedimiento hubo animales concretos. Perros que padecieron hambre, enfermedades, hacinamiento y abandono; animales que murieron y otros muchos que consiguieron sobrevivir y empezar una nueva vida. Por todos ellos, este juicio tiene una enorme relevancia”, añadió.
Esas organizaciones animalistas desean que la celebración del juicio permita esclarecer definitivamente las responsabilidades correspondientes y que este caso sirva también para recordar que las denuncias por maltrato animal deben recibir una respuesta “rápida, coordinada y eficaz” por parte de todas las administraciones competentes. “Lo ocurrido en Melgar de Fernamental no debe repetirse”, sentenció Proanbur.
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