El Ministerio Fiscal y las acusaciones particular y popular consideraron este lunes acreditada la comisión de delitos por parte de los exaltos cargos de la Consejería de Economía y Empleo en la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda y de los terrenos del malogrado polígono industrial de Portillo, a la vez que advirtieron que no se puede responsabilizar “de todo” al exconsejero Tomás Villanueva, dado que conocían perfectamente que se estaban cometiendo irregularidades en ambas operaciones, por lo que pudieron haberse negado a cumplir determinadas órdenes o bien haber presentado su dimisión.
Al mismo tiempo, las acusaciones también mantiene sus peticiones de penas para los empresarios implicados en esta trama, a excepción del Alberto Esgueva, tal y como anunciaron la pasada semana, y consideran probado que la empresa Urban Proyecta conocía con antelación tanto la compra del edificio de Arroyo como la intención de la Consejería de Economía y Empleo de construir el polígono industrial de Portillo.
El Ministerio Fiscal sostuvo que Urban Proyecta contó con información privilegiada y tuvo en su poder el pliego de condiciones para el alquiler del edificio de Arroyo antes de su publicación, a la vez que recalcó que la operación paso de ADE a Gesturcal con el fin de eludir todos los controles y poder favorecer los intereses de Urban Proyecta.
Además, todas las acusaciones también coincidieron en destacar que las decisiones se tomaron por Rafael Delgado o Begoña Hernández, al margen del consejo de administración de Gesturcal, órgano a donde, en el caso del edificio de Arroyo, solo se llevaron las tasaciones interesadas.
En el caso de la compra de los terrenos de Portillo, la fiscal sostuvo que no se entiende los motivos por los que la Consejería de Economía no asumió la compra directa de los terrenos y lo hiciera a través de empresas intermediarias, asegurando que el objetivo final no era otro que beneficiar a Urban Proyecta, Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba. De esta operación también recalcó que el Consejo de Administración de Gesturcal solo tuvo conocimiento cuando se rindieron cuentas un año después.
Por su parte, la letrada de la acusación particular, ejercida por la Junta de Castilla y León, aseguró que, en el caso del edificio de Arroyo había un “confabulación previa” entre Rafael Delgado y Urban Proyecta, y calificó de “injustificable” el pago de 4,5 millones de euros de gastos por parte de Gesturcal a Urban en concepto de gastos financieros.
Además, sobre el polígono de Portillo, indicó que se trataba de una operación “ruinosa a todas luces” dado que se llevó a cabo en medio de la crisis, y recalcó que se llevó a cabo con una total ocultación al Consejo de Administración de Gesturcal. A su vez, explicó que en operaciones de este tipo la Consejería de Economía nunca había recurrido a empresas intermediarias.
Por último, el letrado de la acusación popular, ejercida por el PSOE, además de recalcar que no participa en este juicio con la intención de hacer política, consideró acreditada la participación de los acusados en hechos en operaciones que no tienen ningún tipo de justificación.
En el caso de la Fiscalía, las penas más elevadas se solicitan para los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, a razón de once años de privación de libertad para cada uno de ellos. En su escrito, el Ministerio Fiscal imputa al primero de ellos un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación.
En el caso de Salvador Molina y Francisco Armero, el primero exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales, y el segundo empresario, la acusación pública les pide cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación por un delito continuado de malversación.
Además, pide seis años de prisión por delito continuado de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencias para los empresarios Francisco Esgueva, Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González.
La Fiscalía de Valladolid ha cifrado en más de 23,4 millones de euros el fraude de la cúpula de la antigua Consejería de Economía y Empleo de la Junta. En su escrito argumenta que la actuación de los acusados dio lugar a que la Junta pagara por el inmueble mas de 60,5 millones de euros, cuando su valor no debió superar los 50 millones, y también acusa que se hiciera frente al abono de 9,7 millones de euros correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de la empresa Urban Proyecta. Respecto a los terrenos de Portillo, el Ministerio Fiscal argumenta que las actuaciones concertadas por los acusados provocaron un considerable incremento en el precio de las fincas, encarecimiento que supuso un sobreprecio de, al menos, 3,3 millones de euros.