La Junta de Castilla y León está estudiando el cauce y las vías que podrían permitir aplicar el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, un precepto que contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas firmen acuerdos de repatriación con los países de origen de los menores no acompañados.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, lo explicó este viernes en León y señaló que se trata de “complejo, multilateral y a muchas partes”, además de un proceso que debe ajustarse a “la realidad de las competencias constitucionales”.
González Gago insistió en que las relaciones exteriores con terceros Estados “necesariamente pasan por el Estado”, que es quien articula esas relaciones bilaterales. En este contexto, sostuvo que cualquier cauce que se pueda abrir tendría que tramitarse mediante una relación directa con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con las embajadas y consulados españoles en los posibles países receptores, ya sea Marruecos o cualquier otro.
Además, afirmó que no existe un mecanismo directo al no corresponder a la Junta competencias en esa materia, por lo que cualquier interlocución solo sería posible por el cauce de la Administración del Estado, al entender que una vía diferente sería contraria al Estatuto de Autonomía y a la Constitución.
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