El gobierno de Castilla y León, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, está considerando seriamente la interposición de un recurso judicial contra el reciente Real Decreto que establece la regularización extraordinaria de inmigrantes. Esta determinación, que se encuentra bajo un intenso escrutinio por parte del Consejo de Gobierno en su sesión actual, pende de la identificación de suficientes fundamentos jurídicos que permitan la acción judicial, según han confirmado fuentes oficiales a Ical. Este movimiento alinea a la comunidad autónoma con otras regiones gobernadas por el Partido Popular, que ya han manifestado su intención de impugnar la medida. El decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha generado un significativo debate y oposición política.
El análisis jurídico de la Junta y la postura del PP
El gabinete de Fernández Mañueco, que actualmente opera en funciones tras las últimas elecciones, está revisando meticulosamente cada aspecto del Real Decreto. El objetivo es determinar las vías legales precisas disponibles para impugnar esta normativa, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el martes y cuya fase de implementación se inició este jueves, con fecha de cierre el 30 de junio. Esta exhaustiva evaluación jurídica subraya el compromiso de la Junta de examinar las políticas del gobierno central que puedan afectar las competencias o intereses regionales. La posible acción legal de Castilla y León refleja iniciativas similares de otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Madrid, Aragón, Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares. Es relevante destacar que los ejecutivos de Madrid y Baleares ya han anunciado su intención de solicitar la suspensión cautelar del proceso de regularización al Tribunal Supremo.
La postura de la Junta de Castilla y León no es novedosa. A principios de año, al conocerse la intención del gobierno central de regularizar la situación de aproximadamente medio millón de inmigrantes, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta y del PPCyL, criticó duramente la propuesta. Calificó la decisión como una "auténtica cortina de humo", aludiendo a la falta de información detallada sobre su aplicación y a la ausencia de consulta previa con las comunidades autónomas durante su formulación. La dirección nacional del Partido Popular también ha expresado consistentemente su rechazo a la regularización planteada.
Además, el gobierno regional tiene un historial de impugnaciones a decretos del gobierno central. El pasado jueves, Carlos Fernández Carriedo, portavoz y consejero en funciones de Economía y Hacienda, reafirmó el compromiso de la Junta de recurrir "cualquier acto administrativo" en materia de reparto de menores migrantes no acompañados que contravenga los intereses de la Comunidad, al tiempo que garantizó el respeto y cumplimiento de la legislación vigente. Un precedente significativo se estableció en junio del año pasado, cuando la Junta presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley 2/2025. Este decreto anterior regulaba la distribución de menores no acompañados que llegaban a Canarias, Ceuta y Melilla. En aquella ocasión, la Junta argumentó que el gobierno central invadía su competencia exclusiva sobre la protección y tutela de menores, generaba un perjuicio financiero al aumentar el número de personas acogidas y creaba un agravio comparativo respecto a otras regiones.
Detalles clave del Real Decreto de regularización
El Consejo de Ministros aprobó oficialmente el Real Decreto este martes, dando inicio a un proceso de regularización extraordinaria que se espera beneficie a más de medio millón de extranjeros. Esta aprobación se produjo tras la incorporación de aclaraciones específicas recomendadas por el Consejo de Estado. El plazo para presentar solicitudes, tanto por vía telemática como para tramitar la cita previa presencial, comenzó este jueves y se extenderá hasta el 30 de junio. Los requisitos principales para los extranjeros que buscan la regularización bajo este decreto incluyen:
- Haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026.
- Acreditar una permanencia continuada en el país de al menos cinco meses.
- No poseer antecedentes penales.
Es importante señalar que los solicitantes no podrán simplemente presentar una declaración responsable para acreditar la ausencia de antecedentes penales; si demuestran no haber recibido respuesta de un tercer país, será el propio gobierno quien solicite directamente esta información.
Excepciones y flexibilizaciones del proceso
El proceso de regularización excluye explícitamente a las personas apátridas, un grupo que incluye a muchos saharauis, una recomendación formulada por el Consejo de Estado en su dictamen oficial sobre el texto. Por otro lado, el decreto introduce varias flexibilizaciones para facilitar el proceso. Por ejemplo, se aceptarán pasaportes caducados para los trámites. Además, las regulaciones serán más flexibles para la regularización de menores acompañados por sus progenitores. Crucialmente, los solicitantes recibirán una autorización provisional de trabajo desde el momento en que su solicitud sea admitida a trámite. Asimismo, el decreto establece una compatibilidad temporal entre la solicitud de regularización y la petición de Protección Internacional (asilo), asegurando que la búsqueda de una vía no excluya automáticamente la otra.
Entérate de las últimas noticias y avisos importantes haciéndote seguidor de nuestro canal en WhatsApp. Entra en este enlace y activa las notificaciones del Canal