La Junta de Castilla y León recurrirá el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas, que asigna a Castilla y León un total de 833. Así lo comunicó hoy el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Ical.
En ese sentido, la Junta explicó que seguirá manteniendo una posición “firme” frente a la política que el Gobierno de España en materia de menores extranjeros no acompañados ya que considera que ha vuelto a actuar de forma “unilateral”, sin el acuerdo “unánime” de las comunidades y sin respetar las competencias que corresponden a cada autonomía en materia de protección de menores.
En concreto, el Gobierno autonómico entiende que la capacidad ordinaria del sistema vuelve a fijarse atendiendo a criterios “políticos” y no a la capacidad “real” de acogida de cada territorio, lo que para la Junta dificulta tener una “adecuada” planificación de los recursos y compromete la “sostenibilidad del sistema de protección.
En ese sentido, la Junta trasladó que el incremento del número de menores asignados a Castilla y León “carece de una justifica objetiva”, ya que recordó que el Real Decreto de 26 de agosto de 2025 fijó ese número en 783, si bien esta norma también fue recurrida por la Comunidad.
Al respecto, el Ejecutivo de Castilla y León recordó que la población de la Comunidad ha crecido únicamente un 0,72 por ciento entre agosto de 2025 y mayo de 2026, mientras el número de menores asignados aumenta un 6,38 por ciento, pasando de 783 a 833, una diferencia que para la Junta evidencia la “falta de proporcionalidad” en los criterios aplicados por el Gobierno y su “desconocimiento” de la realidad de Castilla y León.
Por todo ello, los Servicios Jurídicos de la Junta, a instancias de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, interpondrán en los próximos días el correspondiente recurso contra la norma publicada, con el objetivo de defender las competencias de Castilla y León, y garantizar un sistema de protección adecuado.
Precisamente, esta semana el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, no asistió la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, junto a sus homólogos de Aragón y Extremadura, Alejandro Nolasco y Óscar Fernández, en señal de rechazo a la política del Gobierno de Pedro Sánchez. La cita se había convocado para abordar la distribución territorial de 35 millones de euros destinados a la atención de menores extranjeros no acompañados durante 2026.
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