La Consejería de Educación anuncia una medida para acabar con "guetos escolares" con el cierre de matrícula en los centros docentes que ya tienen escolarizado un amplio porcentaje de alumnado con desventaja económica, social o cultural. Así lo recoge el proyecto de decreto que regula la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Junta, que se encuentra en el Portal de Gobierno Abierto para el análisis de ciudadanos y colectivos y para que puedan realizar aportaciones.
En concreto el artículo 22, que lleva por título ‘Imposibilidad de incrementar la segregación escolar’, apunta que este tipo de centros que ya cuenta con un número elevado de población inmigrante, minorías étnicas o niños de familias con escasos recursos económicos no podrá ver incrementado un porcentaje “por encima del que determine” la consejería competente en materia de educación, a través de la escolarización excepcional o mediante cambios de centro realizados fuera del proceso ordinario.
La Puebla de Ponferrada
Este es el caso del Colegio Luis del Olmo de Ponferrada (antiguo La Puebla) donde el mayor número de alumnado es de etnia gitana, que incluso llevó a las administraciones públicas a elaborar un plan específico, tras una iniciativa del profesorado del centro. Un colegio que en el pasado tenía escolarizados a alumnos gitanos y de etnia no gitana “que se han ido yendo poco a poco”. Por ello, precisaban ponerse a trabajar “para que el entorno entienda que este es un centro ordinario, cuyos los alumnos tienen unas necesidades determinadas pero que en muchas ocasiones son las mismas que tienen otros alumnos”.
El consejero de Educación, Fernando Rey, ya señaló en una entrevista publicada por la Agencia Ical en septiembre que Castilla y León contaba con una veintena de centros de Primaria e Infantil donde solo había alumnado de etnia gitana o inmigrantes y otros 80 que tenían un número muy elevado de minorías étnicas, donde los resultados académicos obtenidos eran pobres. “Los estudiantes a duras penas acaban Primaria, hay problemas de convivencia en algunos lugares y un abandono escolar temprano”, reconocía.
Calculaba que esta situación afecta a unos 8.000 escolares que desde muy corta edad se les cierran las posibilidades laborales y de oportunidades de futuro, generando un problema social al Estado ya que se tendrán que cubrir sus necesidades durante buena parte de su vida.
Ante esta problemática, el consejero anunciaba la selección de un grupo de profesores que desearan estar en esos centros, expertos en el tratamiento de la diversidad de los colegios, innovadores en su especialidad, que quisieran desarrollar un trabajo y a los que se les iba a reconocer de una manera especial y se les dotaría de todos los métodos digitales posibles para que estuvieran a la vanguardia.
Una idea que ahora queda plasmada en el nuevo proyecto de decreto porque la Junta reconoce en su texto que la anterior norma que regula la admisión de los alumnos ha sido “garantía eficaz” del derecho a la educación, al permitir el acceso a los centros docentes “en condiciones de igualdad”, además de impulsar la libre elección del colegio. En todo caso, añade que los buenos resultados alcanzados “no deben ocultar que siempre existe un margen de mejora”. De ahí este texto que persigue “nuevos objetivos” y “perfeccionar” los logros obtenidos. También aboga por buscar una “mayor eficiencia y eficacia” en el proceso de admisión, una reducción de las cargas administrativas y mejorar que faciliten la participación del alumnado y las familias. Todo se enmarca en el objetivo de “avanzar en igualdad y no discriminación”.