La Junta de Castilla y León se dota de un plan “pionero” en España orientado a afrontar todos los tipos de violencia en el seno familiar, con una especial atención en casos filioparental, mayores y personas con discapacidad, a través de un conjunto de medidas de atención, prevención, detección, sensibilización y formación de los profesionales y de familias en riesgo.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, detalló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el contenido y las novedades del ‘Plan de prevención de la violencia en el ámbito familiar de Castilla y León 2019-2023’, que recoge un conjunto de 121 medidas y una dotación de 146,5 millones para ese periodo.
“Era un plan necesario, es el primero de esas características en España”, explicó García, que precisó que los planes de Violencia de Género y Protección de la infancia están en marcha y siguen, pero añadió que “ahora se pone el acento en otro tipo de violencia, que están más ocultas” y que se sacan del seno familiar como un problema de atención social.
Este plan, como explicó la consejera, aborda desde una perspectiva integral los distintos tipos de violencia que se producen entre los distintos miembros de una familia, como de hijos a padres, en las personas mayores y en las personas con discapacidad. Su objetivo es, por un lado, concienciar y sensibilizar sobre la necesidad del buen trato en el ámbito familiar y, por otro, predecir, detectar, atender y reducir estas posibles situaciones de maltrato.
Respecto a la violencia filioparental, García se refirió al dato del número de sentencias dictadas por los juzgados de menores en Castilla y León en los que se acuerda la imposición de una medida consecuencia de una infracción por este tipo de comportamientos que ha pasado de 37 en 2007 a 85 en 2017, y representa cerca del 11 por ciento del total de sentencias con medida.
En cuanto el maltrato a personas mayores, apuntó a encuestas nacionales que señalan que el 0,8 por ciento de las personas mayores entrevistadas había sido víctimas de maltrato por parte de algún familiar, porcentaje que aumentaba hasta el 1,5 por ciento entre las personas mayores dependientes, a lo que se añade que las personas mayores presentan mayores tasas de todos los tipos de maltrato.
Sobre el maltrato de personas con discapacidad, se recoge la Macroencuesta realizada en 2015 por el Ministerio de Sanidad sobre violencia contra la mujer y se indica que la prevalencia de la “violencia severa” en las mujeres con discapacidad por parte de sus parejas es mayor a la que sufren las personas sin discapacidad, 6,4 por ciento en el caso de mujeres sin discapacidad frente al 12 por ciento en mujeres con discapacidad.
Novedades
Entre las novedades, la consejera se refirió a la puesta en marcha de un servicio telefónico de información y orientación sobre violencia en el ámbito familiar; el desarrollo de un servicio de apoyo a las familias que sufren violencia; la activación de los ingresos residenciales en situaciones de prioridad social en los casos necesarios de malos tratos o de violencia de género a personas mayores y/o con discapacidad; la implementación en todas las corporaciones locales y en las gerencias territoriales de servicios sociales de programas de intervención específicos.
Igualmente, se dotará a los profesionales que trabajan en ámbitos que puedan estar relacionados con este tipo de violencia de herramientas de valoración y protocolos específicos con los que poder detectar precozmente situaciones de violencia en las familias y actuar con criterios de actuación unificados.
Entre las medidas específicas, está la atención a las personas que sufren violencia en el seno de las familias, por lo que las medidas en este ámbito contarán con más de 135 millones de euros, donde se recoge el servicio de atención telefónica específico dirigido especialmente a cualquier miembro de la familia que pueda verse en esta situación de violencia o la atención especializada a través de programas y tratamientos en casos de violencia filioparental con especial atención a casos de agresores menores de 14 años y de adolescentes condenados por delitos..
En materia de sensibilización, los ejes están orientados a considerar la violencia en el ámbito familiar como un problema social y no personal, a mejorar la eficacia de la actuación de los servicios sociales mediante una mayor sensibilización ante la violencia, así como a la elaboración de estudios y documentación sobre maltrato en el seno de las familias. Este apartado cuenta con un presupuesto cercano a los 2,6 millones de euros para abordar aspectos como el desarrollo de campañas de sensibilización e información en diferentes ámbitos.
La formación es uno de los elementos destacados del plan con la capacitación de los profesionales de los diferentes ámbitos en la prevención, detección e intervención ante situaciones de violencia en el seno de las familias y a la formación directa a familias en riesgo de sufrir este tipo de violencia, que es algo novedoso, para estas acciones se contemplan cerca de 9 millones de euros.
Por último, el plan contempla como principales actuaciones en la detección el diseño de herramientas de valoración del riesgo para todos los ámbitos en los que no exista y sea precisa; la elaboración y desarrollo de protocolos con criterios de actuación unificados cuando se detecten o sospechen casos de maltrato en todos los ámbitos del entorno de convivencia familiar o el desarrollo de una red de voluntarios en la red asociativa que colaboren en la detección y apoyo en este tipo de situaciones, para lo que está previsto 120.000 euros.