La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el jefe de Brigada de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, el comisario José Nieto Barroso, presentan una operación contra una organización criminal que se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Valladolid. Estarán acompañados por la subdelegada del Gobierno en esta provincia, Alicia Villar.La Policía Nacional ha logrado liberar en Valladolid a trece jóvenes paraguayas, de edades entre los 23 y los 27 años, que eran obligadas a prostituirse en un antiguo hostal en condiciones infrahumanas. En la operación ha sido detenidas cinco personas, tres mujeres y dos hombres, de los que cuatro se encuentran en prisión acusados, entre otros delitos, de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración clandestina, blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de drogas.
Las víctimas, que eran captadas en Paraguay entre las mujeres más jóvenes y vulnerables de las familias de los propios proxenetas, eran obligadas a estar disponibles las 24 horas y dormían hacinadas en literas en el cuarto de calderas. Además, estaban vigiladas a través de una red de cámaras y micrófonos instalados en el hostal, no podían realizar ninguna actividad, e incluso tenían prohibido cocinar.
El jefe de Brigada de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, el comisario José Nieto Barroso, aseguró que la liberación de este grupo de mujeres es la punta del iceberg de la esclavitud sexual, un problema que la sociedad “no quiere ver”. En este sentido, indicó que aunque los hombres que consumen sexo de pago creen que las mujeres que se prostituyen lo hacen de forma voluntaria, la realidad es que “detrás de los anuncios en internet, los pisos de citas y las luces de neón lo que existen son auténticas mafias y esclavitud sexual”.
La operación se puso en marcha en septiembre del pasado año, cuando agentes de la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), tras detectar anuncios de prostitución en internet, contactaron con una de las víctimas, cuyo testimonio les permitió detectar la posible existencia de una organización criminal dedicada a la trata de seres con fines de explotación sexual.
Los investigadores pudieron comprobar que existían anuncios de prostitución en páginas web que eran insertados por uno de los integrantes de la red criminal y que para la realización de las fotografías de los anuncios, de contenido sexual, había contratado a un fotógrafo profesional. También pudieron comprobar que disponían de una red de captadores en Paraguay, Valladolid y Madrid, que se encargaban de localizar en su país de origen a mujeres en situación de extrema pobreza y necesidad para que viajaran a España a ejercer la prostitución.
En la mayoría de los casos, los implicados captaban a las mujeres entre las más jóvenes y vulnerables de sus propias familias, lo que suponía un mayor lucro económico para los miembros de la organización criminal. Las víctimas desconocían las condiciones tan miserables en las que les obligarían a prostituirse, así como el hecho de que tendrían que entregar a sus tratantes al menos la mitad del dinero obtenido por los servicios sexuales, incluso en su totalidad hasta que saldaran la deuda. Una de las víctimas también desconocía que fuera a ser prostituida, dado que su captor la engañó ofreciéndole trabajo como limpiadora.
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el jefe de Brigada de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, el comisario José Nieto Barroso, presentan una operación contra una organización criminal que se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Valladolid. Estarán acompañados por la subdelegada del Gobierno en esta provincia, Alicia Villar.Situación irregular
Los integrantes de la red proporcionaban el dinero y todo lo necesario, conocido como el viático, para viajar desde Paraguay hasta España e instruían a las mujeres para que viajaran en el avión simulando ser turistas, portando un billete de vuelta y una reserva de hotel que no llegarían a utilizar. Según los investigadores, los integrantes del grupo criminal pretendían que las víctimas permanecieran en España en situación irregular, para así acentuar el control sobre ellas infundiéndolas temor sobre su posible expulsión o detención si acudían a la policía. La organización criminal contaba con infraestructura en Madrid para recoger a las víctimas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, su alojamiento durante los primeros días y su posterior traslado hasta Valladolid.
Los investigadores detectaron que cuando las víctimas eran trasladadas al piso de Valladolid, la persona máxima responsable de la red o la mujer de su confianza, les retiraba el dinero que habían llevado en el viaje y les informaba del alcance de la deuda que habían contraído con sus tratantes, siendo una cantidad superior a lo que había costado el viaje. Además, obligaban a las mujeres a firmar un falso contrato de arrendamiento para poder justificar, ante una posible acción policial, la apariencia de que las mujeres se encontraban ejerciendo la prostitución de forma libre en una habitación alquilada. También pudieron averiguar que el líder de la organización era el responsable del control de las víctimas y de la explotación, concertando los servicios sexuales por teléfono.
Las víctimas debían estar disponibles las veinticuatro horas del día, por lo que apenas dormían, acudiendo los clientes especialmente de madrugada, por lo que las mujeres debían levantarse sin poder negarse a cumplir ningún servicio. También se pudo constatar que debían pedir permiso a la encargada si querían salir del piso, pero nunca podían alejarse mucho ni estar fuera más de un par de horas, debiendo volver rápidamente si algún cliente las solicitaba.
El piso donde llevaban a las víctimas estaba vigilado con cámaras y micrófonos, que visualizaba en su teléfono móvil la máxima responsable del entramado, controlando todo lo que sucedía en el interior del domicilio e imposibilitando que las víctimas hablaran libremente. Cuando se realizaron las pesquisas en el edificio donde se encontraban las víctimas, pudieron comprobar que dormían hacinadas en el cuarto de la caldera, en seis literas encajadas, a pesar de que el piso había sido un antiguo hostal y tenía una decena de habitaciones.
Deuda
Los tratantes se quedaban siempre con la mitad de lo obtenido por el ejercicio de la prostitución, debiendo aportar la otra mitad para saldar la deuda, por lo que hasta que no estuviera pagada, tenían que entregar a la organización la totalidad de lo recaudado por su explotación. Una vez satisfecha la deuda, los implicados continuarían quedándose con al menos el 50 por ciento de los beneficios.
En la operación también se han incautado 15 gramos de cocaína, droga que los proxenetas tenían en el hostal para atender la posible demanda de los clientes.
Durante la rueda de prensa en la que se presentó la operación, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, se refirió al delito de trata de seres como el “peor de los abusos”, e hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana para luchar contra estos delitos. Así, recordó que la Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 105 090 y un correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el jefe de Brigada de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, el comisario José Nieto Barroso, presentan una operación contra una organización criminal que se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Valladolid. Estarán acompañados por la subdelegada del Gobierno en esta provincia, Alicia Villar. La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el jefe de Brigada de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, el comisario José Nieto Barroso, presentan una operación contra una organización criminal que se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Valladolid. Estarán acompañados por la subdelegada del Gobierno en esta provincia, Alicia Villar.