Asimismo, con respecto a las sentencias emitidas en procedimientos de corrupción durante el año 2020, los jueces de Castilla y León realizaron un total de tres, de las que dos fueron absolutorias y una fue condenatoria con conformidad.
En el conjunto del país, los jueces españoles concluyeron un total de 56 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 212 personas físicas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. En total, los órganos judiciales dictaron 67 sentencias en todo el territorio nacional.
Estos datos sobre procedimientos por corrupción figuran en el repositorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la incorporación de la información correspondiente al último trimestre de 2020. En él se incluye también el número de personas jurídicas contra las que se dictó auto de apertura de juicio oral a lo largo del año, que fueron 49.
El repositorio, que fue presentado en enero de 2017, es de acceso público en la web ‘www.poderjudicial.es’ y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores: acusados y procesados, procedimientos, sentencias dictadas y sentido del fallo, entre otras. Estos datos se actualizan cada tres meses.
La información que se ofrece corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es esta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se tipifican en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286 ter).
Del total de los 56 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó en 2020 en España, 15 corresponden al cuarto trimestre del año. En cuanto a las personas acusadas en este tipo de procedimientos, los jueces dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 84 de ellas en el último trimestre del año pasado. Del total de ese periodo, el número de personas jurídicas fue de 18.
Condenas
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los Juzgados y Tribunales dictaron un total de 67 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción. De todas ellas, 46 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 68,65 por ciento de las dictadas por los distintos órganos judiciales. Las 21 sentencias restantes, el 31,34 por ciento del total, eran absolutorias.
El repositorio permite consultar también los datos de las sentencias notificadas en el cuarto trimestre de 2020. De las 18 dictadas en este periodo, 12 fueron condenatorias y 6, absolutorias.