La Junta aprobó este lunes, en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, los decretos que recogen la nueva estructura orgánica que ordena los departamentos de las vicepresidencias y consejerías del Ejecutivo autonómico. Mañana se publicarán mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y entrarán en vigor el próximo jueves, 2 de julio, según informan en un comunicado fuentes del Gobierno de la Comunidad.
En concreto, el nuevo organigrama está pensado, según destaca la Junta, para dar un “impulso decidido” a la Comunidad y para atender todas las necesidades y sectores de la población en un territorio de “gran extensión”. Además, busca mejorar aún más la calidad de los servicios y ofrecer una atención “cercana y próxima” al ciudadano.
Asimismo, esta nueva organización se ajusta, según recuerda el Ejecutivo, a los compromisos alcanzados en el acuerdo de gobierno suscrito a principios de junio por PP y Vox, partidos que sustentan al Gobierno autonómico, y a las prioridades marcadas por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su discurso de investidura.
Por ello, la Junta subraya que se crean nuevos centros directivos como es el caso de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios en Medio Ambiente y Energía, la de Bienestar Educativo en Educación, la de Administración Digital e Inteligencia Artificial, en la Consejería de Movilidad, o la de Desregulación en la Consejería de nueva creación, entre otras.
Además, para una mayor coordinación política entre los distintos departamentos y el impulso a la acción de gobierno, se han creado dos vicepresidencias que incorporarán centros directivos propios que darán soporte técnico y político a estas dos grandes áreas. La primera tendrá adscrita su estructura a la Consejería de la Presidencia, al no tener cartera, y la segunda lleva aparejada la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.
Economía y Hacienda
La estructura de la Consejería de Economía y Hacienda de Carlos Fernández Carriedo incluye la Secretaría General y la Viceconsejería de Economía y Competitividad, que dirigen José Ángel Amo y Carlos Martín Tobalina, así como la Intervención General, y cuatro direcciones generales: Tributos y Financiación Autonómica; Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística; Tesoro y Política Financiera, y Política Económica y Competitividad. Asimismo, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), ente público de derecho privado, está adscrito a la Viceconsejería.
Industria: cinco direcciones
La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, que gestiona Juan Carlos Suárez-Quiñones, contará con la Viceconsejería de Dinamización Industrial y Laboral, además de la Secretaría General de Saturnina Moro, y cinco direcciones generales -Universidades e Investigación; Industria; Comercio y Consumo; Economía Social y Autónomos, y Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales-.
La principal novedad es la incorporación de la de Universidades e Investigación, que acometerá las actuaciones en materia de desarrollo, ordenación, programación y ejecución de las competencias universitarias y las competencias de investigación científica y técnica y de desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i). Además, se encargará del diálogo social con los representantes de organizaciones sindicales y empresariales, la interlocución con los representantes de los trabajadores autónomos y la coordinación de las políticas activas de empleo.
A esta Consejería se adscriben el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL), con su Gerencia Regional, la Junta Arbitral de Consumo y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. e corresponde además el ejercicio de las funciones relacionadas con la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo.
Medio Ambiente y Energía: cuatro direcciones
La Consejería de Medio Ambiente y Energía de María González Corral dispondrá de las direcciones generales de Infraestructuras y Economía Circular; de Patrimonio Natural y Política Forestal y Energía y Minas, además de la Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Ángel Manuel Sánchez Martín), creada el pasado 15 de junio. Además, su estructura se completa con la Viceconsejería de Medio Ambiente y Energía, que ostenta Jorge Morro, y la Secretaría General, Laura Durántez.
Además, tiene adscrito el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), hasta ahora dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, así como la gestión del patrimonio natural de la Comunidad, las vías pecuarias, las ayudas públicas a las explotaciones forestales, el operativo de prevención y extinción de incendios, la red de áreas naturales protegidas, la conservación de biodiversidad, así como toda las relativas al ciclo del agua.
Movilidad
Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial de Cristina Sanchidrián incorpora las direcciones generales de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información; Administración Digital e Inteligencia Artificial; Carreteras e Infraestructuras, y Transportes y Logística. Además, mantiene al delegado para el Corredor Atlántico y redes complementarias, que hasta ahora ha tenido como titular a Luis Fuentes.
Como novedad, cabe destacar la creación de la Dirección General de Administración Digital e Inteligencia Artificial, con el objetivo de coordinar el desarrollo y seguimiento de la política de gobierno de la inteligencia artificial en el ámbito de la Administración, lo que hace que Castilla y León sea una de las primeras comunidades en implantar un órgano dedicado a esta materia.
Agricultura: viceconsejería y seis direcciones generales
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que dirige Joaquín Antonio Pino, se articula en torno a la Viceconsejería de Política Agraria Comunitaria y Medio Rural, la Secretaría General (Mercedes Buendía) y seis direcciones generales: Producción Agrícola y Ganadera; Industria y la Cadena Agroalimentarias; Desarrollo Rural; Política Agraria Comunitaria; Caza, Pesca y del Medio Rural, y Política Ambiental.
La nueva Viceconsejería de Política Agraria Comunitaria y Medio Rural pretende reforzar la coordinación en la gestión de la PAC, el desarrollo rural y las políticas vinculadas al medio natural. Por último, cabe señalar la adscripción a esta Consejería del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
Sanidad y Bienestar Social
La Consejería de Sanidad y Bienestar Social, que gestiona Alejandro Vázquez, asume las competencias sanitarias y suma las áreas de atención y servicios sociales para personas mayores, personas con discapacidad y atención a la dependencia. Para ello, dispone de dos viceconsejerías -Sanidad y Bienestar Social- que recaen en los gerentes de Sacyl, Álvaro Muñoz Galindo, y de Servicios Sociales, Esperanza Vázquez. Además, se mantienen la Dirección General de Salud Pública, así como la de Planificación, Investigación e Innovación.
En la rama sanitaria, la Junta lleva a cabo una “reestructuración” de la Gerencia Regional de Salud, por lo que la actual Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización se divide en dos nuevos centros directivos: Asistencia Sanitaria y Cuidados y Humanización. Asimismo, se crea la Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras Sanitarias y la de Calidad, Evaluación e Inspección Sanitaria. Finalmente, se mantiene la de Personal y Desarrollo Profesional.
Respecto a los servicios sociales, se desdobla la anterior Dirección General de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia en dos: la Dirección General de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, por un lado; y la de Atención a la Dependencia, por otro.
Educación: siete órganos directivos
La nueva estructura orgánica de la Consejería de Educación de María Pardo consta de siete órganos directivos centrales: una secretaría y seis direcciones generales. La mayor novedad radica en la creación de una de Bienestar Educativo, que asume funciones que anteriormente tenía atribuidas la de Planificación, Ordenación y Equidad Educativa y la de Innovación y Formación del Profesorado.
También se modifica el reparto de determinadas competencias de la antigua Dirección General de Centros e Infraestructuras -ahora denominada Dirección General de Infraestructuras y Servicios- en la Dirección General de Planificación y Ordenación Académica y en la Secretaría General.
Por su parte, la Dirección General de Recursos Humanos pasa a denominarse Dirección General de Profesionales de la Educación, y mantiene prácticamente idénticas competencias que en la etapa anterior. La Dirección de Innovación y Formación del Profesorado asume alguna competencia nueva, mientras que la de Formación Profesional y Régimen Especial se mantiene sin cambios respecto del anterior decreto de estructura orgánica.
Cultura y Turismo
Finalmente, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Alberto Díaz Pico (Vox) mantiene los distintos órganos directivos hasta ahora existentes, así como también la Viceconsejería de Acción Cultural, de la que dependen la Dirección General de Patrimonio Cultural; la de Políticas Culturales y la de Turismo. Por su parte, se mantienen las atribuciones de la Dirección General de Deportes. También este departamento llevará adscrita la Fundación Siglo, para el Turismo y las Artes de Castilla y León.
Dirección de Coordinación y Desregulación para Pollán
El vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán (Vox), dispondrá de una Dirección de Coordinación Institucional para ejercer su labor como ‘número dos’ del Gobierno autonómico, si bien integra también la Dirección de Estudios, que le prestará “apoyo directo” mediante la organización y seguimiento de su actividad institucional, la coordinación de su agenda y la asistencia técnica necesaria.
Según informa en un comunicado la Junta, tras la aprobación en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de los decretos de estructura, que entrarán en vigor el 2 de julio, Pollán dispondrá como vicepresidente primero de una dirección de coordinación política, que gestionará su actividad informativa e institucional, las relaciones con otras administraciones y entidades, la elaboración de comunicados y documentación institucional y la realización de estudios y análisis “estratégicos”.
Por otra parte, adscrita a la Vicepresidencia Primera, la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales integra las competencias en materia de desregulación administrativa, familia, juventud y ayudas sociales. Contará con una Viceconsejería de Familia y Ayudas Sociales, cuatro direcciones y el Comisionado para las Adicciones.
Así, se crea la Viceconsejería de Familia y Ayudas Sociales que dirigirá y coordinará las políticas de familia, juventud, ayudas sociales y adicciones, integrando bajo su dependencia las Direcciones Generales de Familia, Juventud y Ayudas Sociales, así como el Comisionado para las Adicciones.
Por su parte, la Dirección General de Desregulación asumirá las políticas dirigidas a la simplificación administrativa y la mejora de la calidad normativa, impulsando la racionalización de procedimientos, la reducción de cargas burocráticas, la actualización del sistema de información de procedimientos y servicios y la adopción de medidas para mejorar la eficiencia de la Administración.
Además, la Dirección General de Familia concentrará las competencias de apoyo a las familias y protección de la infancia, mediante el impulso de las políticas de natalidad y conciliación, los programas de apoyo y mediación familiar y las actuaciones dirigidas a la protección de menores, el acogimiento, la adopción y la prevención de la pobreza infantil.
La de Juventud desarrollará las políticas de participación juvenil, emancipación, empleo, información juvenil, ocio y tiempo libre, además de gestionar las instalaciones y servicios juveniles, la formación y las funciones de inspección en este ámbito, y la de Ayudas Sociales coordinará las políticas de integración, inmigración, y la gestión de prestaciones y ayudas dirigidas a las personas más vulnerables, la colaboración con el Tercer Sector y el voluntariado, así como las competencias en materia de cooperación para el desarrollo.
Finalmente, el Comisionado para las Adicciones, con rango de dirección general, continuará coordinando las políticas de prevención, asistencia e integración social de las personas con adicciones, así como los recursos especializados y la colaboración con las distintas administraciones y entidades implicadas.
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