La Junta de Castilla y León ha dado luz verde este jueves, durante la reunión del Consejo de Gobierno, a la suscripción del convenio de ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que recae competencialmente en la Vicepresidencia segunda.
El importe correspondiente a la Comunidad asciende a 378 millones de euros, un 5,4% del total de fondos con los que cuenta el Plan ―7.000 millones―. No obstante, de esos 378 millones, Castilla y León debe aportar el 40%, es decir, 151,2 millones de euros, mientras que el resto son responsabilidad del Gobierno central.
La financiación por parte de la Comunidad autónoma se distribuye en cuatro anualidades comprendidas entre 2027 y 2030, y en cada una de ellas contribuirá con 37,8 millones de euros. En el caso del Gobierno, sufragará su parte en cinco años a contar desde este 2026: 43,2 millones de euros el primer año y 45,9 millones los cuatro restantes.
El Plan se estructura en tres líneas de actuación: una primera dirigida incrementar la oferta de vivienda social y asequible, cuya partida asciende a 151,2 millones de euros; otra cuyo objetivo es fomentar la rehabilitación de inmuebles, la accesibilidad y la renovación urbana y rural, con una asignación de 113,4 millones de euros; y una tercera destinada al programa de ayuda para reducir el esfuerzo en el pago de la vivienda, que también estará dotada con 113,4 millones de euros.
El convenio es el instrumento jurídico que establece el Real Decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. De este modo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado hoy a la vicepresidenta segunda para que, en coherencia con sus competencias, sea la responsable de firmar dicho convenio.
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