El debate político en torno a la Ley de Publicidad Institucional continúa intensificándose. Apenas un día después de que 25 sociedades editoras de medios de comunicación de las nueve provincias de Castilla y León presentaran un recurso judicial ante el Tribunal Superior de Justicia contra la reforma de la norma- al considerar que vulnera la Constitución- y de que el PSOE reafirmara su compromiso de “clarificar” el límite del 33 % de ingresos por publicidad institucional, el Partido Popular de Castilla y León ha vuelto a fijar su posición.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ya calificó este miércoles la ley como un "perjuicio para los medios y para la libertad de prensa", mientras que este jueves el Grupo Popular en las Cortes la ha tachado de “chapucera, peligrosa y mal diseñada”, recordando que fue aprobada con el respaldo de PSOE y Vox, además de Podemos y Francisco Igea.
Desde el PP señalan que el Consejo Consultivo ha advertido de hasta cinco posibles inconstitucionalidades en la norma y recalcan que “desde el primer día votamos en contra porque sabíamos que era una chapuza”. Aseguran que el tiempo “les ha dado la razón”, al considerar que la modificación “pone en riesgo a los medios de comunicación, especialmente a los del medio rural”.
El grupo parlamentario popular subraya que, pese a las deficiencias del texto, la Junta está aplicando la ley “como corresponde a un gobierno que respeta el Estado de Derecho”. Al mismo tiempo, acusan a PSOE y Vox de “saber lo que hacían” y de intentar ahora “cambiar la pelota de tejado con declaraciones torticeras”.
“El PP está donde siempre: defendiendo la legalidad, la libertad de prensa y el empleo en los medios de comunicación, frente a la improvisación y el populismo. Representamos el rigor, la seguridad jurídica y la responsabilidad institucional”, concluyen.
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