La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha este jueves los primeros trámites para elaborar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 y la ley de Medidas que lo acompaña. Según informó el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, las diez consejerías y la Vicepresidencia Segunda deben remitir este jueves y viernes sus previsiones de ingresos y gastos.
Fernández Carriedo explicó que la base de las nuevas cuentas será el acuerdo de gobierno, que incorpora 324 medidas, y el discurso de investidura del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, apoyado por las Cortes. El objetivo, señaló, es "traducir ese programa" a "cifras y números", para lo que admitió que hará falta un "esfuerzo" con el fin de lograr un presupuesto "equilibrado" entre ingresos y gastos.
El portavoz añadió que el pacto recoge medidas ya planteadas con anterioridad, tanto en los presupuestos de 2026 que no se aprobaron como durante la pasada campaña electoral autonómica. Entre ellas citó el "recorte" de impuestos, la gratuidad de la primera matrícula universitaria y ayudas de 900 euros para que los jóvenes obtengan el carnet de conducir.
El primer paso será calcular el escenario de ingresos del anteproyecto de presupuestos. Para ello, los distintos centros directivos deberán enviar la previsión de ingresos para 2027 en su ámbito de competencias, además de las cifras provisionales de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica que comunique el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que suele reunirse a finales de julio.
Economía y Hacienda también recabará de las consejerías las propuestas normativas que puedan incluirse en materia presupuestaria, financiera y administrativa. El texto consolidado del anteproyecto de Ley de Medidas se remitirá después para su informe al Consejo Económico y Social (CES) y al Consejo Consultivo de Castilla y León.
En paralelo, se iniciará la elaboración del cuadro macroeconómico, que recoge la previsión de crecimiento económico, el déficit público y la evolución del empleo. Ese documento servirá para fijar el límite de gasto no financiero, conocido como "techo de gasto", y los estados numéricos del proyecto de presupuestos.
Fernández Carriedo incidió además en que deberán definirse qué rebajas impositivas se aplicarán en 2027 y en qué porcentaje. Puso como ejemplo la rebaja del 0,25 por ciento del tipo mínimo del gravamen del IRPF, dentro del objetivo de alcanzar una reducción del uno por ciento al final de la legislatura.
El consejero remarcó que con estos pasos se activan los trabajos iniciales para trasladar el programa de gobierno a la nueva ley de presupuestos, tanto en el capítulo de ingresos como en el de gastos y en las medidas de carácter legislativo. Indicó también que la intención es registrar las cuentas en las Cortes antes del 15 de octubre, como marca el Estatuto de Autonomía, algo que podría verse condicionado por el hecho de que el Gobierno central presente también sus cuentas antes del 30 de septiembre.
Fernández Carriedo aseguró que su departamento ya tiene redactada la orden que fija las reglas de elaboración de los presupuestos, aunque no puede publicarse en el Bocyl porque aún no está aprobada la nueva estructura administrativa. Añadió que, aunque no está decidido, la Vicepresidencia Segunda de Isabel Blanco podría gestionar varias secciones presupuestarias por sus competencias en vivienda, despoblación o igualdad de oportunidades.
Procedimiento
Tras esta orden, el procedimiento presupuestario seguirá con la carga de las distintas partidas y programas y con el acuerdo sobre el límite de gasto no financiero, que deberá aprobarse en las Cortes antes de que se registre el proyecto de presupuestos. La Junta también necesita una previsión sobre las entregas a cuenta de 2027 —en 2026 serán 9.552 millones de euros— y sobre el límite de déficit público, entre otros parámetros.
Una vez aprobados por las Cortes y en vigor, los presupuestos de 2027 sustituirán a los de 2024, prorrogados en 2025 y 2026. En 2025 no se registraron cuentas en el Parlamento y en 2026 la oposición tumbó el proyecto enviado por el Ejecutivo en solitario de Alfonso Fernández Mañueco.
Los últimos presupuestos diseñados para 2026 ascendían a 15.715,83 millones de euros y se basaban en una previsión de crecimiento económico del 2,2 por ciento y una tasa de paro del ocho por ciento. La orden de elaboración la firmó Fernández Carriedo el 25 de julio de 2025 y se publicó cuatro días después en el Bocyl.
✅ Entérate de las últimas noticias y avisos importantes haciéndote seguidor de nuestro canal en WhatsApp. Entra en este enlace y activa las notificaciones 🔔