El Procurador del Común de Castilla y León instó a los ayuntamientos de los municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunidad a incorporar de forma progresiva medidas de adaptación al calor extremo, mediante la creación de refugios climáticos, el incremento de zonas de sombra y la mejora de los espacios públicos para proteger especialmente a las personas más vulnerables.
La resolución, consultada por Ical, parte de una actuación de oficio iniciada ante el aumento de la frecuencia, intensidad y duración de las olas de calor registradas en los últimos años y sus efectos sobre la salud y la calidad de vida de la población. La institución advierte de que esta situación tiene una especial incidencia en Castilla y León debido al envejecimiento demográfico y a la elevada presencia de personas con enfermedades crónicas.
El documento subraya que las zonas verdes y el arbolado urbano no constituyen únicamente elementos ornamentales, sino que actúan como una auténtica infraestructura ambiental y sanitaria capaz de reducir el denominado efecto isla de calor, mejorar la calidad del aire y generar espacios de convivencia más saludables.
La resolución recuerda además que la falta de sombra, de fuentes de agua potable o de espacios públicos adaptados térmicamente puede limitar el uso del espacio urbano por parte de una parte significativa de la ciudadanía, especialmente personas mayores, menores, dependientes o con problemas de salud.
Entre las medidas propuestas figura la creación de una red flexible de refugios climáticos, entendidos no solo como edificios climatizados, sino también como parques, jardines, centros cívicos, centros sociales y otros equipamientos municipales que permitan a la población resguardarse durante episodios de temperaturas extremas. El Procurador cita como ejemplo la red de refugios climáticos puesta en marcha por el Ayuntamiento de Valladolid.
Asimismo, plantea favorecer itinerarios peatonales accesibles y suficientemente sombreados hacia centros sanitarios, mercados, instalaciones deportivas o estaciones de transporte, así como mejorar la señalización y disponibilidad de fuentes públicas de agua potable. También recomienda habilitar espacios de estancia protegidos del sol mediante soluciones permanentes o temporales de sombreado y valorar la instalación de sistemas de refrigeración o humidificación en determinados puntos.
El Procurador del Común considera igualmente prioritario reforzar la protección y conservación del arbolado urbano, promover nuevas plantaciones y evitar actuaciones que puedan comprometer su función climática. En este sentido, defiende que la gestión del arbolado debe abordarse desde una perspectiva de salud pública y adaptación climática.
La resolución también reclama que, durante los episodios de calor más intenso, los ayuntamientos estudien medidas específicas para colectivos vulnerables, facilitando el acceso a espacios frescos y a información clara sobre los recursos disponibles y las pautas preventivas frente a las altas temperaturas.
Por último, solicita a las corporaciones locales que integren de forma progresiva criterios de adaptación climática en la planificación y gestión del espacio público, con el objetivo de reducir desigualdades territoriales y avanzar hacia ciudades más saludables, accesibles y habitables. Los ayuntamientos disponen de un plazo de dos meses para comunicar a la institución la aceptación o rechazo motivado de estas recomendaciones.
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