La primera revisión del Plan Integral de Residuos de Castilla y León (Pircyl) contempla una inversión de 7,28 millones de euros y fija nuevas metas de reducción, reciclaje y tratamiento para la próxima década, con especial peso de las medidas de prevención. El documento, al que tuvo acceso Ical, se alinea con el Plan Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2025-2035 y con la Estrategia Española de Economía Circular 2030.
Según la revisión, la Junta quiere reducir un 15 % la generación de residuos en 2030. Para ello, el plan distribuye los fondos previstos entre varias líneas: 2,52 millones para prevención; 1,97 millones para información y control; un millón para residuos de competencia no municipal; 710.000 euros para los de las administraciones locales; 830.000 euros para residuos de construcción y demolición; y 270.000 euros para programas de flujos específicos.
El texto señala que la actualización se ha centrado en los principales retos detectados en el diagnóstico y en las evaluaciones de seguimiento del plan anterior. Entre otras cuestiones, revisa los modelos estratégicos de gestión para adaptarlos a la normativa vigente y a los objetivos comunitarios, con especial atención a los residuos de competencia municipal, y plantea actuaciones prioritarias sobre residuos domésticos mezclados, biorresiduos, envases y residuos de envases, además de los de construcción y demolición.
Entre las novedades figura la creación de programas específicos para reducir el desperdicio alimentario y la basura dispersa. También se refuerza la apuesta por la valorización energética como vía para reducir el depósito en vertedero, se establecen modelos estratégicos para la gestión de residuos de envases y de neumáticos al final de su vida útil, y se impulsa la inspección y el control de las infraestructuras de gestión y producción de residuos. El documento también prevé dar más peso a la declaración de subproductos y al fin de la condición de residuo.
En materia de objetivos, la revisión plantea reducir en 2030 un 50 % los residuos alimentarios per cápita en la venta minorista y entre los consumidores, respecto a 2020, y un 20 % las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro. Para los residuos de envases, el plan fija una bajada del 5 % en 2030 y del 10 % en 2035 sobre los niveles de 2018.
En el caso de las botellas de plástico para bebidas de hasta tres litros, el objetivo es reducir en un 90 % en 2029 el peso de la recogida separada. La revisión también marca como meta alcanzar en 2030 un reciclaje del 85 % del peso de los residuos de envases de papel y cartón, del 73 % en pilas y baterías portátiles, con porcentajes del 80 % si son de plomo y del 70 % si son de litio, y que la preparación para la reutilización y el recauchutado de neumáticos llegue al 15 % en 2030.
Además, el documento establece que el reciclado y la valorización material del conjunto de materiales deberá alcanzar al menos el 59 % al final de la década y el 65 % en 2035. En el caso del acero, el porcentaje deberá llegar al 100 %.
La evaluación incluida en la revisión considera que la implantación de las nuevas medidas producirá "impactos positivos para la mayor parte de los factores ambientales". También sostiene que la actualización de los modelos de gestión reducirá la dependencia de los vertederos, fomentará el reciclaje y la recuperación de materiales y disminuirá las emisiones asociadas al transporte y tratamiento de residuos.
El documento subraya, además, que esta primera revisión no contempla medidas de recaudación de tributos o tasas adicionales a las ya establecidas por la normativa básica.
Impacto sobre las entidades locales
La revisión sí incorpora medidas que deberán aplicar las entidades locales en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa europea y estatal. Para ello, incluye una evaluación de las inversiones y de los medios financieros necesarios para atender las necesidades de infraestructuras adicionales, en particular las de las autoridades locales, y para financiar el cierre de determinadas instalaciones, la construcción de nuevas, las mejoras o ampliaciones de las existentes y su funcionamiento y mantenimiento.
Según el propio documento, desde 2021 las subvenciones concedidas en estos ámbitos ascienden a 13,4 millones de euros para recogida selectiva, a 21,3 millones para instalaciones de tratamiento de los residuos recogidos selectivamente y a unos 27 millones para la transformación o puesta en marcha de puntos limpios orientados a la reutilización y para la digitalización en materia de residuos.
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