El riesgo de pobreza o exclusión social afecta a 578.000 personas en Castilla y León, el 24,1% de la población, según el XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León, elaborado por la EAPN y presentado en la sede del Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad.
El documento, con datos correspondientes a 2025, refleja además que el riesgo de pobreza alcanza a 475.000 personas, el 19,8% de la población, 32.000 más que el año anterior. Aunque Castilla y León mantiene una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social inferior a la media nacional, situada en el 25,7%, su tasa de pobreza supera ligeramente la estatal, del 19,5%.
La infancia y la vivienda, entre los principales focos de vulnerabilidad
Uno de los indicadores más delicados del informe es el relativo a los menores de 18 años. El 30,9% se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra que, pese a bajar nueve décimas respecto al ejercicio anterior, sigue siendo la más alta por grupos de edad. La tasa de pobreza infantil se sitúa en el 29,8% y la pobreza severa afecta al 19,7% de los menores.
El estudio también sitúa la vivienda de alquiler a precio de mercado en el centro del problema. Entre quienes residen en una vivienda de alquiler a precio de mercado, el 53,3% está en riesgo de pobreza o exclusión social y el 48,7% vive por debajo del umbral de pobreza. Además, el 7,6% de la población destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda, una proporción que sube al 32,7% entre las personas en situación de pobreza.
Según los datos recogidos por EAPN, el 8,8% de la población ha sufrido retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca y el 11,2% no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno. La organización pidió reforzar el parque público de alquiler social, movilizar viviendas vacías, adaptar las ayudas al alquiler y mejorar los mecanismos de prevención de desahucios.
Más pobreza severa y diferencias por situación personal
El informe señala también un empeoramiento de varios indicadores. La pobreza severa se sitúa en el 9,8%, frente al 8,4% de 2024; la carencia material y social severa alcanza el 6,7%, y la baja intensidad de empleo en los hogares sube hasta el 9,5%, 2,5 puntos más que el año anterior.
Las diferencias son especialmente marcadas según la situación personal. El riesgo de pobreza o exclusión social afecta al 33,8% de las personas con discapacidad, al 26,6% de quienes viven en zonas rurales y al 57,6% de las personas desempleadas. Por sexos, el indicador alcanza al 24,7% de las mujeres y al 23,4% de los hombres; entre los jóvenes de 18 a 29 años se sitúa en el 25,3%.
Óscar Castro, presidente de EAPN Castilla y León, calificó la evolución de “preocupante” y sostuvo que obliga a las administraciones a “reforzar las políticas sociales”. Añadió que “la pobreza no es inevitable, es una realidad sobre la que podemos y debemos actuar”.
El papel de las prestaciones y las reclamaciones de EAPN
El informe subraya la importancia de las transferencias públicas, incluidas las pensiones y el resto de prestaciones sociales. Sin ellas, la tasa de pobreza en Castilla y León alcanzaría el 45,6% de la población, frente al 19,8% actual. Las pensiones de jubilación y supervivencia evitan que el 20,4% de la población caiga en situación de pobreza, mientras que el resto de prestaciones protege a otro 5,4%.
A partir de estos datos, EAPN plantea una estrategia autonómica contra la pobreza y la exclusión social. Entre sus propuestas figuran ampliar los servicios educativos para menores de tres años, reforzar la atención sanitaria en el medio rural, mejorar la atención a la salud mental, crear una ventanilla única social y facilitar el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía. La organización también reclama una reforma de esa ayuda y del Ingreso Mínimo Vital para simplificar trámites y evitar desprotección entre sus beneficiarios.
Castro defendió también unos servicios sociales más accesibles y coordinados, el impulso del empleo digno, la inclusión sociolaboral y la igualdad de oportunidades educativas. Por su parte, Enrique Cabero, presidente del CES de Castilla y León, afirmó que la persistencia de la pobreza y la exclusión social supone un “fracaso del Estado social y democrático de derecho” y pidió “estrategias específicas y coordinadas” para afrontar el problema.
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