La propuesta de Vox para expulsar “de inmediato” a los migrantes ilegales asentados en Castilla y León fue rechazada por el resto de los grupos en las Cortes por la falta de competencias en materia migratoria de la Junta, como defendió el PP, y por el carácter simplista, prejuicioso, racista y aporofóbico que, según los grupos de la oposición, presenta la Proposición No de Ley (PNL) de Vox.
El texto propuesto por la formación de Abascal fue defendido por el procurador Miguel Suárez Arca, y en él se proponía rechazar las políticas de asentamiento y reparto de migrantes ilegales “impuestas por el Gobierno de España” y promover “la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales presentes en Castilla y León”.
La PNL también se oponía a la apertura de centros de acogida para migrantes ilegales en la Comunidad, pretendía evitar la concesión de ayudas y subvenciones a las ONG que faciliten o colaboren con la migración ilegal y promovía la revisión de los criterios de ayuda a la cooperación internacional de la Junta, condicionándola a la colaboración de los países de origen en la readmisión de los migrantes ilegales.

Se trata del “enésimo intento de enfrentar de manera frontal uno de los principales problemas de los españoles”, aseguró Suárez Arca en su intervención, recogida por Ical, en la que pidió “afrontar que la migración ilegal no puede ser permisible en una nación como la nuestra”.
“Lo traemos de nuevo y lo seguiremos trayendo para ver si algunos se dan cuenta de sus incongruencias y que no todo puede ser girar como una veleta azul dependiendo del viento de las encuestas”, señaló Suárez Arca, que defendió las propuestas de su formación para “desincentivar el efecto llamada” que, según el procurador de Vox, se produce con “la perversión de la ley”.
Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario Popular rechazaron la propuesta de Vox porque aunque la migración es una “cuestión de indudable trascendencia social”, merece ser tratada “con seriedad y respeto”, algo que hoy no se vio en las Cortes, según apuntó la procuradora ‘popular’ Noemí Rojo, porque Vox insistió en “abordarlo aquí sabiendo que la Junta carece de competencias”
“Saben que la repatriación de menores extranjeros no acompañados es competencia del Estado y hacer pruebas médicas para determinar la edad de estos menores es competencia del Ministerio Fiscal”, recordó, así como que “la Junta no tiene competencias por sí sola para planes de repatriación de migrantes ni para firmar acuerdos con ningún otro país”, por lo que la postura del Gobierno autonómico y el PP “no es girar como ninguna veleta, es respetar el ordenamiento jurídico”.
Eso sí, la parlamentaria ‘popular’ aprovechó la iniciativa de Vox para señalar que el Gobierno, como “competente con la normativa en la mano, es incompetente en la gestión” con una política migratoria “errática en el exterior e irresponsable en el interior”. Por ello, solicitó al Ejecutivo que trate la migración “como un asunto de Estado” y se opuso al “sistema unilateral impuesto por el Gobierno” para el reparto de menores migrantes “con carácter arbitrario”.
Contra el “laboratorio de odio” de Vox
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el procurador Carlos Fernández Herrera calificó la PNL de Vox como “una bazofia, un compendio de prejuicios” con la que la formación de Abascal quiere “convertir a Castilla y León en un laboratorio de odio”, máxime cuando “ningún Parlamento autonómico tiene competencias para expulsiones inmediatas, negar la acogida de menores o cerrar centros”.
Además, recordó a Vox que “el odio al otro es signo de fascistas”, como demuestra, a su juicio, el discurso de Abascal que “dice que hay que hundir barcos de rescate” y lamentó que en una Comunidad que “se desangra por la despoblación”, representantes de Vox califiquen como “tenebroso” que un niño llamado Ayoub nazca en la localidad zamorana de Vega de Villalobos cuando “llevaba 18 años sin nacer un niño”.
Desde UPL-Soria Ya, Vanesa García reconoció que España afronta “una alta presión migratoria”, pero defendió que la migración legal es “necesaria”, y ante la ilegal, señaló que su formación no puede “avalar una política migratoria construida desde el simplismo, la unilateralidad y el olvido de los principios jurídicos y humanos que nos definen como sociedad democrática”, por lo que rechazó la propuesta de Vox porque sus medidas, “lejos de resolver los problemas de la inmigración irregular, amenazan con agravar la inseguridad y colocan a la Comunidad en un callejón sin salida”.
“No podemos permitir que Castilla y León se convierta en una tierra que rechace de manera automática y frontal cualquier política estatal de reparto y acogida”, aseveró García, que recordó que la autonomía forma parte de “un estado social y de derecho que exige solidaridad entre territorios”. Vox replicó que “los que acceden ilegalmente a España, fuera; los que entran legalmente y delinquen, fuera; y al Open Arms se le confisca y se le hunde, porque sirven como taxis marítimos para traer migrantes a nuestra tierra, forrándose a costa de la desgracia de África”.
Por su parte, Francisco Igea pidió a Suárez Arca que haga su propuesta “en nombre de cualquier cosa menos de la humanidad”, ya que la iniciativa de Vox pretende que los migrantes “se mueran en su país”, y la criticó por apelar “al miedo y la cobardía”, aunque Suárez Arca justificó que el estatuto de refugiado no incluye la situación económica. Igea, además, pidió la votación por separado de los puntos para que el PP se signifique “una y otra vez en contra de lo que votarán a favor cuando les vayan a necesitar”.
A continuación, Pablo Fernández mostró su “desprecio y pereza” por la “única iniciativa” que aseguró que Vox lleva a la Cámara. “Son al trabajo lo que Netanyahu al pacifismo”, apuntó, criticando una iniciativa que “destila racismo y aporofobia”, dado que el problema de la formación de Abascal, según Fernández, es que “odian a los pobres” y señalan “con un evidente discurso de odio a niños y niñas que vienen a este país en busca de una vida, de no morir por hambre ni en una guerra”.
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