El Grupo Vox en las Cortes de Castilla y León pidió una moratoria para proyectos de energía renovable en procedimiento administrativo, ante lo que considera “una proliferación masiva y sin control” de este tipo de instalaciones, hasta que se apruebe un mapa de afección medioambiental y de usos del suelo por parte de la Junta.
Así lo planteó el portavoz del grupo, David Hierro, en la presentación de la proposición de ley de medidas temporales y urgentes para la protección del patrimonio agrario y paisajístico de los núcleos rurales de Castilla y León, registrada esta mañana, cuta intención es que se debata antes de que finalice la legislatura.
Hierro expuso que su grupo reivindica el mix energético y “no renuncia” a ningún tipo de energía en Castilla y León, que se posiciona como líder nacional en renovables, si bien si avisó de una “proliferación sin control” de paneles eólicos en los términos municipales rurales, que, “lejos de ligar al territorio a sus habitantes”, como dice el PP, les obliga “a irse”.
Aunque existe un decreto-ley de junio de 2022, aprobado cuando Vox estaba en el Gobierno de coalición, estimó “insuficientes” los criterios para la autorización de proyectos de energías renovables, y apuntó a “un ataque” al medio rural por parte de las empresas que deja en una “indefensión” a los municipios.
Recordó, a título de ejemplos, como se han talado olivares en Jaén para proyectos energéticos y se refirió a las Cortas de Blas para paneles fotovoltaicos, donde está la Granja Escuela en Villalba de los Alcores (Valladolid), por lo que se preguntó lo que se enseña a los alumnos en un sitio “con espejos” en el terrero paisajístico.
Según recoge la exposición de motivos de la iniciativa, la generación de energía renovable en Castilla y León alcanzó el 42 por ciento de cobertura sobre el consumo final y una potencia de 14.513 megavatios, “duplicando el porcentaje de 2020”. “Cualquier nueva solicitud no obedece a una necesidad y, además, de afectar más intensamente a los valores agrarios y paisajísticos de nuestro entorno rural con una expansión excesiva, puede perjudicar la diversificación del mix energético”.
La iniciativa de Vox para su regulación por ley es “muy sencilla” ya que consta de tres artículos, como detalló el viceportavoz del grupo, Carlos Menéndez, durante la rueda de prensa. En concreto en su artículo 1 se declara la suspensión de los procedimientos administrativos de reconocimiento de utilidad pública conforme a la ley del sector eléctrico donde tiene competencia la Junta.
En concreto, la Comunidad tiene competencia en la autorización de instalaciones de menos de 50 megavatios, que serían los sujetos a la moratoria, en este momento estarían en curso unos 250, indicó Carlos Menéndez a preguntas de los periodistas.
Además, en el artículo 2, señala que quedan excluidas de esta proposición de ley las instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica. Por último, recoge que la suspensión aprobada en esta ley no será de aplicación a procedimientos de reconocimiento de utilidad pública iniciados, es decir, siempre que hayan superado algún trámite como la información pública.
En una disposición transitoria, recoge que estas medidas mantendrán su vigencia en tanto no se elabore un mapa de afección medioambiental y usos del suelo por la Junta de Castilla y León, que no debe superar el plazo de un año.
Por último, David Hierro explicó que no se trata de nada que no se haga ya en otras comunidades y afirmó que, el texto registrado, “recoge el espíritu” de leyes de otras autonomías, como en La rioja, aprobado por el Partido Popular.
Finalmente, concluye que, por todo ello, “resulta oportuna” la aplicación de una moratoria a la autorización y declaración de utilidad pública de estas instalaciones, hasta que “se planifique y consensue una transición ordenada, eficiente y respetuosa con todos los valores ambientales y sociales".
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