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Denegada otra petición de libertad de Pedro Muñoz al considerar el juez que “existe riesgo de fuga y alteración de pruebas”

ICAL

La Sala mantiene las circunstancias que llevaron a prisión a Pedro Muñoz, como el hecho de que persiste el riesgo de fuga por parte del investigado, de que pueda alterar pruebas e influya en testigos y peritos

La Audiencia Provincial de León ha rechazado la petición de libertad del exconcejal de Ponferrada, Pedro Muñoz, investigado por un presunto delito de tentativa de homicidio y malos tratos habituales en el ámbito familiar presuntamente cometidos contra su pareja, la abogada Raquel Díaz, quien este lunes ha prestado declaración ante el juez instructor, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).  Una noticia que ya adelantó InfoBierzo la pasada semana

De esta manera, la Sala confirmó el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ponferrada, con lo que mantiene en prisión provisional, comunicada y sin fianza al exconcejal por considerar que “es preciso garantizar la tranquilidad de la denunciante”. Además, la Sala mantuvo las circunstancias que llevaron a prisión a Pedro Muñoz, como el hecho de que “persiste el riesgo de fuga por parte del investigado, de que pueda alterar pruebas e influya en testigos y peritos”, según indica el gabinete de Prensa del TSJCYL. 

De la misma manera, aunque en otra resolución, la Audiencia de León ha confirmado la decisión del magistrado instructor de acordar el embargo preventivo sobre determinados bienes inmuebles que el investigado había intentado donar a sus hijos para garantizar así el pago de la indemnización correspondiente en el caso de una eventual condena. 

Por el contrario, la Sala ha estimado el recurso del que fuera edil de Ponferrada y ha levantado la prohibición impuesta por el juez a los hijos de disponer, transmitir a terceros o gravar otros bienes adquiridos mediante donación. Igualmente, la Audiencia ha respaldado la decisión del juez instructor de pedir a otro juzgado que investigue al exconcejal por si las operaciones de transmisión de patrimonio realizadas pudieran ser constitutivas de un delito de insolvencia punible. 

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