Una sentencia del Tribunal Supremo confirma la nulidad de una norma de LaLiga incorporada en 2015, según expone la misma sentencia, «sin habilitación legal» y destinada a modificar de manera irregular el reparto de los ingresos audiovisuales correspondientes a la temporada 2015-2016, en la que la Deportiva militaba en Segunda División. La resolución, que desestima el recurso de LaLiga y da nuevamente la razón al denunciante, el Real Madrid, ratifica una sentencia previa de la Audiencia Nacional que validaba el sistema original de distribución: 60 % para los clubes de Primera, 40 % para los de Segunda, y un reparto igualitario dentro de cada categoría.
Sin duda, será una importante inyección económica para la Deportiva Ponferradina, que ha presentado unas cuentas con un déficit de 1.257.376 euros y ha encadenado cuatro temporadas con números rojos, lo que ha obligado a la entidad presidida por José Fernández Nieto a reducir su presupuesto a 3.856.000 euros en ingresos, frente a los 4,1 millones del anterior, después de no lograr el ascenso a Segunda División.
La resolución abre ahora la posibilidad para que los clubes afectados, entre los que está la Deportiva Ponferradina, reclamen formalmente las cantidades que les corresponden. En este sentido, informa el club de la capital berciana que la sentencia está «en estudio», si bien reconoce que es «una buena noticia» que les obliga a actuar con «cautela» hasta contar con toda la información
La sentencia, hecha pública por el Real Madrid, implica que los equipos que militaban en Segunda División en aquella campaña, entre los que está la entidad berciana, fueron privados de unos 88 millones de euros que ahora deben ser restituidos, por lo que se estima que el club ponferradino percibirá en torno a cuatro millones de euros derivados del reparto igualitario para esos clubes: aparte de la Deportiva, Alavés, Albacete, Alcorcón, Almería, Bilbao Athletic, Córdoba, Elche, Gimnàstic de Tarragona, Girona, Huesca, Leganés, Llagostera, Lugo, Mallorca, Mirandés, Numancia, Osasuna, Real Oviedo, Tenerife, Real Valladolid y Real Zaragoza.
En su comunicado, el Real Madrid expresa la «satisfacción» porque el fallo «vuelve a dar la razón» al club «frente a LaLiga» y reconoce que el propio club de Concha Espina también fue «ilegítimamente privado» de lo que le correspondía, en torno a 8,8 millones de euros. De hecho, destaca que esta resolución del alto tribunal «restablece la legalidad» y garantiza que las decisiones que afecten al fútbol profesional deben adoptarse «con pleno respeto a la ley y a la transparencia», ya que, según la sentencia, esos clubes de Segunda División citados fueron «ilegítimamente perjudicados por la actuación de LaLiga».
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