El Ayuntamiento de Ponferrada aprueba la modificación de los estatutos del consorcio de GERSUL que arrastra una deuda de casi 30 millones – INFO BIERZO

El Ayuntamiento de Ponferrada aprueba la modificación de los estatutos del consorcio de GERSUL que arrastra una deuda de casi 30 millones

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Este punto del pleno celebrado este 16 de septiembre salió adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno —PSOE, Podemos y CB— y la abstención de la oposición —Ciudadanos, USE Bierzo, PP y PRB— y a través de los cuales el consorcio pasa a depender de la Diputación de León. 

Ana Gago
Ana Gago

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Además de la disolución del IMFE, el pleno celebrado este miércoles 16 de septiembre en Ponferrada llevó otro punto a debate: la ratificación de la modificación sustancial de los Estatutos del Consorcio Provincial para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en la Provincia de León (GERSUL). Punto que también salió adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno —PSOE, Podemos y CB— y la abstención de la oposición —Ciudadanos, USE Bierzo, PP y PRB— y a través de los cuales el consorcio pasa a depender de la Diputación de León. 

” La realidad es que Gersul tiene una deuda superior a los 23 millones de euros y dependiendo de algunos pleitos pendientes podría superar los 30 millones”, así lo explicó el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, quién informó de que “venimos a aprobar una modificación de estatutos que, además, obliga la ley del sector público. Además, esa dependencia de la institución provincial puede ser una ayuda para buscar una solución”. 

En cuanto a las diversas opiniones escuchadas durante el pleno, Ramón cree que “a nosotros sí nos complete este tema y se hablará mucho de Gersul. Tendremos que explicar por qué en 2009 se dejó de recaudar, por qué se perdieron millones de euros y por qué se trasladó la recaudación a una empresa que hizo una gestión recaudatoria desastrosa“. “Como consecuencia de ello”, prosiguió el regidor “para evitar pleitos judiciales, la deuda ha ascendido a 23 millones de euros y podría seguir aumentando hasta los 30. Yo puedo decir que desde el actual equipo de gestión de Gersul, del cual soy vicepresidente segundo, se está buscando intensamente una solución a este gravísimo problema”. 

El alcalde señaló que “hay un acuerdo homologado judicialmente que no se cumplió y que exige unos pagos muy difíciles de asumir. Nosotros estamos al día en las aportaciones que el Ayuntamiento tuvo que hacer pero, somos parte de la entidad y si genera deuda somos parte de ella”. Olegario Ramón reconoció que “es probablemente uno de los temas más complicados que tiene este ayuntamiento ahora mismo y ojalá tuviésemos la opción de pasarlo a un consorcio comarcal”. 

 

Deuda Gersul 

Se trata de una deuda que mantiene la Diputación de León a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos de León (Gersul) con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Legio VII, adjudicataria del funcionamiento del vertedero provincial ubicado en San Román de la Vega. El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, ha asegurado desde que llegó a la presidencia que se trata de una “situación heredada” que se remonta al año 2009 y la “desidia” de los sucesivos equipos ha provocado la acumulación de una “cantidad brutal de deuda”, motivo por el cual la Diputación ha pedido un crédito a largo plaza para evitar, en la medida de lo posible, que la repercuta en el bolsillo de los contribuyentes. 

Morán ya adelantó el pasado mes de noviembre que “es necesario ajustar la tasa, que en la actualidad se sitúa en niveles que provocan un déficit anual de más de 2 millones”. Pese a que el compromiso con la UTE que lleva a cabo el servicio tiene vigencia para cuatro años más, Morán se comprometió a buscar la “fórmula adecuada” para la gestión del consorcio.

Además, el pasado 11 de octubre los alcaldes de Ponferrada, León y San Andrés del Rabanedo sellaron con la Diputación un “compromiso firme” para buscar soluciones al consorcio que gestiona la recogida de residuos sólidos en la provincia, Gersul, a cuya adjudicataria se adeudan 23 millones reconocidos judicialmente que podrían crecer en entre cuatro y nueve, según posibles procesos y acuerdos pendientes.

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