Al respecto, Ramón recordó que el proyecto es una “decisión heredada” del anterior equipo de Gobierno, que dejó la infraestructura prácticamente concluida, junto a la red de intubación que se despliega por una parte de la ciudad. Tras reconocer que el actual equipo de Gobierno “no habría tomado esa decisión”, el regidor destacó que su obligación es “apurar las posibilidades jurídicas que brinda la ley” y “defender los intereses económicos de la administración municipal”.
En ese sentido, admitió que presentar este recurso es “una decisión muy difícil de adoptar” que se ha tomado en base al criterio de los servicios jurídicos y de los servicios técnicos de la institución municipal, que esgrimen que la instalación es un equipamiento y no una instalación industrial, como señala la sentencia. Además, la decisión también sirve para salvar una posible responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento.
Aunque reconoció que la concesión de la autorización y la posterior construcción de la central de calor fueron decisiones “muy discutidas en su momento”, Ramón pidió “comprensión” al colectivo vecinal del barrio de Compostilla y a otros colectivos contrarios a la red de calor. De manera cautelar, el Ayuntamiento suspenderá el expediente de comunicación de inicio de actividad, así como el expediente de adquisición de suministro, que también estaba iniciado, así como cualquier acometida o enganche de los edificios públicos a la red de calor.